Antonio Turrent Fernández*

La estructura del campo mexicano es básicamente bimodal: una fracción minoritaria es de tipo moderna-empresarial –unas 270 mil unidades de producción del total de 3.354 millones– y la otra es mayoritaria, de tipo campesino (o tradicional) –2.304 millones de UP con menos de cinco hectáreas. Sus características, problemáticas y contribuciones al país son cualitativamente diferentes, pero ambas le son igualmente críticas y complementarias. La enorme desigualdad en ingreso que encierra esta bimodalidad explica la mayor parte de la desigualdad rural del país.

La fracción empresarial está orientada al mercado nacional y/o internacional. Atraviesa un periodo de bonanza que es producto de la inversión pública en servicios y en infraestructura hidroagrícola, construida mayormente en el siglo pasado; maneja tierras de riego o de buen temporal, planas u onduladas, con suelos de buena a alta calidad agrícola. Sus unidades de producción son medianas a grandes. El gobierno la considera como la única fracción agrícola que puede competir exitosamente con el mercado globalizado. Su escala de operación va aparejada a la especialización y al monocultivo. Su producción de alimentos es vital para la población urbana y para la obtención de divisas. Está organizada en grupos de corte empresarial como el Consejo Nacional Agropecuario, de amplia presencia e influencia en el entorno gubernamental.

La fracción campesina está orientada al autoconsumo y marginalmente al mercado; ocupa tierras desde mediana hasta de baja calidad agrícola, estando su productividad limitada por uno o más de un factor, entre éstos: suelos someros, pendientes medianas a abruptas, acidez del suelo o alcalinidad extremas, baja fertilidad, sequías, insuficiente comunicación terrestre y con escaso acceso a crédito y a tecnología. Es, sin embargo, la fuente principal de empleo del área rural. Es también mayordomo de la agrobiodiversidad domesticada en Mesoamérica, notoriamente del maíz. La fracción campesina enfrenta complejos problemas sociales, económicos y ecológicos. El más importante según Víctor Suárez (2017) (Rescate del campo mexicano. Editorial Itaca, CDMX) en los pasados 30 años es la errónea convicción gubernamental de que es inviable económicamente por su pequeñez y dotación de recursos. De ahí su redefinición como pobres en vez de productores en el sexenio de Salinas de Gortari. Quedaron fuera del apoyo público como tales y sólo sujetos de asistencialismo. Ahora, sus saberes campesinos y recursos tienen un apoyo mínimo de la investigación institucional, extensionismo, subsidios, crédito, seguro agrícola y comercialización. Su crisis económica se asocia a sus bajos rendimientos de maíz –menores a la mitad de su potencial productivo– y a la subvaloración de sus maíces nativos en el mercado, ahora dominado por multinacionales (Cargill, Maseca). El principal problema ecológico es la erosión hídrica –cerca de 10 millones de hectáreas de tierra de labor del país se ubican en pendientes entre 8 y 30 por ciento y casi 3 millones en pendientes mayores a 30 por ciento– actualmente desprotegidas. Con todo y estos pesares, el sector campesino produce más de 40 por ciento de los alimentos consumidos en México, aunque maneja una pequeña fracción del recurso tierra de labor. Está parcialmente organizada en muchas entidades (entre asimiladas e independientes del sector gubernamental). Urge una organización referente campesina nacional autónoma y de izquierda (La Jornada del Campo número 48, 17/9/11).

El país debe corregir sus errores de conceptualización de la agricultura campesina, que arrastra desde el sexenio de Salinas de Gortari. Se requiere atender con urgencia la aguda crisis social, económica y ecológica de la fracción campesina, porque ella se intensificará con el cambio climático, que la haría potencialmente desestabilizante del país. Esta acción es necesaria para corregir la desigualdad rural. En el Plan Puebla se demostró la viabilidad de duplicar económicamente la producción de alimentos en la pequeña unidad de producción (Cimmyt. 1974. El Plan Puebla, siete años de experiencia: 1967-1973). Este cotejo se realizó en terrenos planos u ondulados. En la actualidad ya se dispone de tecnología pública como la Milpa Intercalada en Árboles Frutales (MIAF) para el tratamiento sustentable de las pequeñas UP de ladera.

Es necesario que la Sagarpa sea restructurada para atender por separado a ambas fracciones, empresarial y campesina, dando lugar a la Subsecretaría de Agricultura Empresarial y a la Subsecretaría de Agricultura Campesina. Esta última requeriría un mayor control de recursos humanos y financieros que la primera, dadas la gran tarea correctiva y la superioridad numérica de unidades de producción campesinas.