Con un sentido de urgencia difícil de comprender, las bancadas del Partido Revolucionario Institucional y del Verde, así como la mayor parte de la de Acción Nacional, aprobaron ayer la ratificación del nuevo Acuerdo Transpacífico (ATP), conocido también como Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) o como TPP11 y en referencia al número de gobiernos que lo integran tras la salida del estadunidense.

Como se recordará, la versión original del ATP fue objeto en años pasados de severos cuestionamientos por parte de organizaciones sociales, agrupaciones gremiales y de productores, pueblos indígenas, colectivos ambientalistas y de derechos humanos, así como por académicos, expertos y políticos de diversas orientaciones, tanto por cuestiones de forma como de fondo.

Entre las primeras destaca la extremada opacidad en la que se desarrollaron las negociaciones, tanto en la etapa en la que estaba incluido Estados Unidos como tras la salida de ese país de los preparativos del acuerdo, decidida por Donald Trump como una de sus primeras medidas de gobierno. A mayor abundamiento, los borradores del ATP fueron mantenidos en estricto secreto por los negociadores y sólo una parte de ellos llegó al conocimiento público, como ocurrió con varios de sus capítulos, obtenidos por Wikileaks y dados a conocer por este diario entre 2013 y 2015.

Después de unos meses de desconcierto que se apoderó de los promotores del instrumento comercial tras el abandono estadunidense, los gobiernos restantes decidieron proseguir las negociaciones sin la superpotencia, y los modos excluyentes y tecnocráticos de negociar no cambiaron y se prosiguió con la redacción del acuerdo a espaldas de las sociedades involucradas.

En el caso de México, debe subrayarse el hecho de que el convenio fue firmado por un gobierno con respaldo social insuficiente, en el último tramo del sexenio y en vísperas de un proceso electoral en el que está en juego la orientación económica del país. Para colmo, fue ratificado por una legislatura en sus últimas horas y sin convocatoria alguna al análisis y al debate de los diversos sectores sociales.

Los cuestionamientos de fondo son, si cabe, mucho más graves: se ha señalado que más allá de promover el libre comercio multilateral, el ATP busca reducir las potestades de los estados firmantes en favor de las empresas trasnacionales e imponer en ellos una orientación neoliberal como modelo único e inamovible, restando soberanía no sólo a los gobiernos y organismos judiciales y legislativos sino también, en última instancia, a las sociedades, que son a las que les corresponde decidir la orientación económica de sus países.

Bajo los términos del ATP, las facultades de los países firmantes para desarrollar políticas públicas, emitir fallos judiciales y redactar y promulgar leyes quedan condicionadas a que ningún corporativo internacional presente objeciones y querellas ante paneles internacionales de solución de controversias, una suerte de tribunales privados sin más sustento en la legislación nacional que el propio tratado comercial en cuestión.

Ante el empecinamiento oficialista y las posibles violaciones cometidas en el proceso de redacción, firma y ratificación del ATP, una coalición de organizaciones sociales y ciudadanas anunció el lunes pasado su determinación de acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para denunciar allí las afectaciones a las garantías individuales y los derechos colectivos, los intereses de diversos sectores productivos, las conquistas laborales, de salud y en defensa del medio ambiente.

Sea cual fuere el futuro de esa gestión, es claro que el ATP entrará en vigor con un marcado rechazo social a cuestas y que, en momentos en que el país requiere de unidad, será un factor adicional de división y pugna. Por donde se le vea, pues, la firma y ratificación de ese instrumento multilateral constituye un episodio desafortunado que en nada ayuda a superar la incierta circunstancia nacional.