La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) anunció la licitación de nueve bloques de territorio que contienen combustibles no convencionales, que se ubican en la Cuenca de Burgos –en las proximidades de la frontera oriental entre nuestro país con Estados Unidos– y que se adjudicarán el próximo 5 de septiembre. De acuerdo con el anuncio, el ganador que resulte de esta licitación del contrato licencia tendrá derecho a explotar y llevar a cabo actividades a toda la profundidad, en toda la columna, y eso involucra formaciones de lutitas y formaciones de arenas convencionales.

Lo anterior significa que las autoridades nacionales dan carta blanca a la técnica de extracción de hidrocarburos conocida como fractura hidráulica o fracking, por su denominación en inglés. Esta modalidad, concebida para explotar recursos de gas y petróleo que se encuentran a grandes profundidades en el subsuelo, consiste en la perforación de pozos verticales u horizontales a más de dos kilómetros por debajo del nivel del terreno para inyectar en ellos agua a alta presión mezclada con productos químicos a fin de ampliar o causar fracturas en el sustrato rocoso.

Aunque el fracking ha permitido a países como Estados Unidos incrementar notablemente su producción y sus reservas de gas y petróleo, tal procedimiento extractivo es causa de seria preocupación entre científicos, ambientalistas y organizaciones sociales debido a que puede causar daños difícilmente reversibles en el medio ambiente y en la vida.

De entrada, las voces críticas señalan que entre los componentes que se agregan al agua inyectada en los pozos hay sustancias altamente tóxicas e incluso cancerígenas que, tarde o temprano, contaminarán los acuíferos situados a menor profundidad que los yacimientos. Por añadidura, el fracking puede hacer emerger sustancias radiactivas y metales pesados del subsuelo. Adicionalmente, la técnica extractiva mencionada requiere de ingentes cantidades agua, lo que puede derivar en un severo desabasto hídrico para el uso doméstico y la agricultura.

Otros riesgos de la fractura hidráulica son la contaminación atmosférica –debido a la evaporación de gases venenosos y de efecto invernadero en las albercas en las que se almacenan las aguas residuales–, las fugas de gas en pozos y tuberías y la devastación ambiental causada por las grandes extensiones de terreno requeridas por las instalaciones. Un efecto adicional es la denominada sismicidad inducida asociada al fracking. Aunque este fenómeno no ha sido estudiado de manera exhaustiva, instituciones académicas y gubernamentales de Estados Unidos y Gran Bretaña han advertido una relación causal entre la explotación de hidrocarburos con fractura hidráulica y temblores de hasta 4 grados Richter en áreas próximas a las explotaciones.

En suma, el fracking es una tecnología extractiva peligrosa para la salud y la seguridad de las poblaciones y claramente nociva para el medio ambiente. Parece poco sensato, en consecuencia, autorizar su práctica en el territorio nacional sin antes emprender un debate serio y documentado que permita ponderar sus posibles beneficios y contrastarlos con los riesgos que conlleva y sin contar con un marco regulatorio estricto con los mecanismos para aplicar su observación en los campos concesionados para tal efecto. De otra manera, sería inevitable sospechar que se ha optado por sacrificar el entorno natural de la Cuenca de Burgos y poner en peligro a los habitantes de esa región para satisfacer la voracidad de los consorcios energéticos.