Ana María Aragonés

En los discursos de los tres candidatos a la Presidencia al rendir protesta en el marco de sus distintas coaliciones, llama la atención que el tema de los migrantes no haya sido motivo de una toma de posición. A pesar de que el fenómeno atraviesa al país, tanto por ser tránsito de personas que intentan alcanzar la frontera norte hacia Estados Unidos, como por aquellos que buscan con desesperación ser sujetos de asilo o refugio dadas las condiciones de sus países de origen y encuentran la deportación por parte del Instituto Nacional de Migración, o por connacionales que fueron deportados y que llegan sin esperanza ante la falta de una política pública que busque su reincorporación productiva. Y qué decir de aquellos que ya se encuentran en Estados Unidos, y muy concretamente los llamados dreamers, jóvenes que llegaron niños a Estados Unidos con sus padres sin documentos y que ahora se ven ante la terrible posibilidad de la deportación por la irracionalidad de Donald Trump, quien pretende intercambiarlos por un muro.

Toda esta problemática, que involucra a millones de seres humanos, no ha sido motivo de una posición, más allá de algún comentario, como el de Andrés Manuel López Obrador sobre reforzar la actuación de los consulados para apoyar a los connacionales, lo que no es ninguna novedad.

José Antonio Meade, quien quiere ser presidente por las familias mexicanas, sin embargo, ni una sola mención tuvo para todas aquellas que han sido devastadas, separadas como resultado de las deportaciones.

O, como Ricardo Anaya, quien entiende que a Donald Trump le preocupa la migración indocumentada, es decir, de alguna forma le da la razón a ese personaje, cuando a Estados Unidos le ha convenido tener a esos trabajadores bajo un limbo legal para explotarlos sin tregua y deportarlos cuando así conviene a su economía.

Lamentablemente esa ha sido la tónica de los gobiernos mexicanos, los cuales se escudan en una falsa premisa, es decir, que la política migratoria es un asunto doméstico y ante las dificultades que puedan enfrentar, los migrantes no son considerados ciudadanos mexicanos. Error, pues la migración de los trabajadores mexicanos ha sido forzada ante la imposibilidad de acceder a condiciones dignas de vida en el país.

Por su parte, Estados Unidos ha aceptado a millones de migrantes que trabajan, que pagan impuestos, que prácticamente no hacen uso de los programas sociales por temor a ser deportados. Son 11 millones de indocumentados, de los cuales más de 6 millones son mexicanos, y son un activo importante para ese país. La responsabilidad de México con sus connacionales no termina pasando la frontera, cada mexicano en el mundo es una parte de la soberanía mexicana.

Tomar en cuenta a los migrantes supone hacer un censo acerca de quiénes son estos retornados involuntarios, sus necesidades, sus calificaciones, condiciones familiares, etcétera, y ofrecer verdaderas opciones laborales es la mejor forma para que estas personas alcancen su verdadera integración. Es urgente contactar con los legisladores en Estados Unidos, sobre todo con aquellos que se oponen a una reforma migratoria integral; hablar directamente con los jóvenes dreamers para saber qué necesitan, apoyarlos con fondos, redirigir aquellos mil millones gestionados por Josefina Vázquez Mota cuyo beneficio para los migrantes quedó en la oscuridad.

Tomar en cuenta a los migrantes supone cambiar las condiciones con que se maneja el Instituto Nacional de Migración, el cual debe ser dirigido por profesionales de los derechos humanos, no por policías. Supone respetar los acuerdos internacionales firmados, como la llamada Declaración de Nueva York para los refugiados y migrantes, en la que se establece claramente la voluntad política de los dirigentes mundiales de salvar vidas, proteger derechos y compartir la responsabilidad a escala mundial. Y un punto fundamental: la protección a los niños, teniendo en cuenta el interés superior del niño como consideración especial, particularmente a los niños no acompañados, otorgándoles toda clase de facilidades de educación, salud, cobijo, desarrollo sicosocial, etcétera.

Qué lejos están los políticos del cumplimiento cabal de estos acuerdos.