La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre la crisis que enfrenta la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la cual se encuentra saturada de peticiones que no pueden ser resueltas, debido a una falta de capacidad operativa inexplicable e injustificable.

Lo cierto es que desde octubre pasado la Comar decidió suspender los plazos y los términos de los procedimientos que realiza su coordinación general en Ciudad de México. A la fecha hay 7 mil 719 solicitudes de asilo que fueron presentadas en el curso del año pasado y, por ley, habrían debido ser respondidas en un plazo máximo de 45 días. Según la CNDH, la Comar recibió el año anterior 14 mil 595 solicitudes de refugio y 60 por ciento de éstas no han sido resueltas.

La falta de capacidad de la instancia nacional encargada de hacer efectivo el derecho de asilo en el territorio nacional se traduce en una situación desesperada y exasperante para miles de personas que permanecen en condición de indocumentadas y se ven, por tanto, incapacitadas para trabajar y reducidas a un grado de casi total indefensión legal y económica.

Más allá del drama social que esto representa, la falta de respuestas a las peticiones de asilo y refugio violentan el contexto jurídico del país y los instrumentos internacionales de derechos humanos, y contravienen una tradición nacional irrenunciable: en efecto, desde los inicios de su vida independiente, México se ha caracterizado por ofrecer refugio a personas perseguidas de todas las latitudes, con independiencia de su origen, religión o filiación política, y ha recibido a grupos de desplazados por guerras y otras catástrofes.

En la circunstancia internacional actual, la vigencia de esta tradición, y la funcionalidad de los mecanismos institucionales y legales para mantenerla viva, resultan particularmente necesarias, por cuanto Latinoamérica experimenta un reajuste obligado de sus flujos migratorios tradicionales debido a las posturas xenofóbicas del gobierno estadunidense. Más aún, mantener esa tradición aporta a México una autoridad moral indispensable para hacer frente a la persecución y las agresiones racistas –que empiezan con los frecuentes exabruptos verbales del presidente del país vecino– de que son víctimas nuestros connacionales que viven al norte del río Bravo.

Resulta fundamental, pues, que las instancias más altas del gobierno federal hagan acopio de voluntad política para remontar las dificultades de la Comar –ya se trate de problemas presupuestales, de falta de personal, de una torpeza burocrática inadmisible o de una combinación de tales factores–, de modo que esa dependencia cumpla con eficiencia y prontitud sus responsabilidades legales y el país retome, de esta manera, la tradición ética y humanitaria que lo ha distinguido en la comunidad internacional desde el siglo antepasado.