Un juez federal ordenó suspender la construcción y el financiamiento del gasoducto de la compañía Autoabastecedora de Gas Natural de Morelos, obra que habría de servir a instalaciones de los parques industriales de Cuautla y Cuernavaca, así como a dos centrales termoeléctricas en la localidad de Huexca, municipio de Yecapixtla. Con 30 pulgadas de diámetro, se proyectó que recorrería unos 160 kilómetros por las faldas del Popocatápetl y a través de unas 60 comunidades campesinas de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y transportaría a diario 9 mil millones de litros de gas natural.

La construcción del gasoducto forma parte del Proyecto Integral Morelos, que incluye además la edificación de las termoeléctricas referidas, un tendido de alta tensión a la subestación de Yautepec y un acueducto de 20 kilómetros de largo, para aportar 50 millones de litros de agua al día, de Ayala a Huexca.

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como pobladores de Huexca, quienes en conjunto habían promovido un amparo, informaron que éste les fue concedido por la instancia judicial el 9 de febrero anterior. Alertaron, sin embargo, que pese a la resolución del juez, en los días transcurridos desde entonces continúa el avance de la obra, porque los trabajadores encargados de ella no habían sido notificados en forma por la autoridad judicial.

Si esta grave irregularidad se subsana –y debe hacerse–, el fallo referido representará una importante victoria para la causa de los comuneros morelenses, así como un aliento a las luchas de los pueblos en resistencia ante los megaproyectos que pretenden desarrollarse en diversos puntos del territorio nacional y que conllevan graves afectaciones a los derechos de los pobladores rurales –comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios– sobre sus tierras y sus aguas, pero también daños al medio ambiente.

El hecho es relevante, pues esos proyectos –explotaciones mineras, instalaciones de generación de electricidad, acueductos, gasoductos y oleoductos, autopistas, complejos industriales, campos de golf, centros comerciales, granjas eólicas de gran escala– se presentan como vectores de desarrollo, fuentes de empleo y bienestar; sin embargo, su ejecución termina traduciéndose en pérdida de tierras y recursos hídricos, emigración, contaminación de diversos niveles de gravedad y, a la postre, desintegración social, delincuencia e infortunio.

Si el llamado desarrollo estabilizador no fue capaz de formular proyectos plenamente respetuosos del entorno social y ambiental para el agro mexicano, el modelo neoliberal ha agravado de manera alarmante los términos del desencuentro entre los grandes capitales que incursionan en el campo, sus habitantes y el entorno natural. Es ilustrativo que los pueblos ya se refieran a los programas de inversión e infraestructura a gran escala como proyectos de muerte, por la devastación y la destrucción que conllevan.

Es impostergable una vía de desarrollo que concilie las necesidades de crecimiento económico y dotación de infraestructura con el respeto a los pobladores y al entorno natural, y el primer paso al respecto es que tanto las autoridades gubernamentales de los tres niveles como las corporaciones participantes se acostumbren a consultar a las comunidades y los vecinos –como lo estipulan diversas disposiciones legales nacionales e internacionales– antes de autorizar y embarcarse en megaproyectos como el del gasoducto de Morelos.