Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel y responsable de la pastoral social de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, informó que en el contexto del conflicto limítrofe entre los municipios tzotziles de Chenalhó y Chalchihuitlán, Chiapas, han muerto siete personas del 18 de octubre al día de ayer. Una de ellas fue asesinada a balazos en esa fecha y otras seis han fallecido por las penurias del desplazamiento forzado –el frío y la falta de alimentos y de atención médica–, incluyendo tres menores y dos ancianos.

De acuerdo con organizaciones civiles, actualmente hay unos 5 mil indígenas de Chalchihuitlán desplazados de sus comunidades porque sus vecinos de Chenalhó disparan constantemente armas de fuego para amedrentarlos. En la segunda de las localidades se reportan unos mil desplazados, lo que hace un total de 6 mil personas en grave situación de riesgo. El presidente municipal de la primera, Martín Gómez Pérez, afirma que las amenazas provienen de grupos paramilitares que han sido organizados por la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez, del Partido Verde y allegada al gobernador chiapaneco, Manuel Velasco Coello, los que han bloqueado los caminos que llevan de Chalchihuitlán a San Cristóbal.

La añeja disputa de casi medio siglo tiene como centro la posesión de 900 hectáreas que reclaman ambas demarcaciones. El asunto se encuentra en manos del Tribunal Unitario Agrario, el cual debe emitir un fallo a más tardar el viernes próximo. Pero a decir de Gómez Pérez, los de Chenalhó afirman que si el fallo no les favorece nos van a ir a matar. El edil ha señalado además que el jefe del Ejecutivo estatal se niega a recibirlo.

Al margen del asunto de fondo, que según la diócesis de San Cristóbal se originó por una intervención inadecuada de la Secretaría de la Reforma Agraria en 1973, e independientemente de lo que decida el órgano jursdiccional agrario, es evidente la ausencia de autoridades estatales, las cuales se han caracterizado, en la presente administración, por una extremada carencia de sensibilidad en una entidad federativa urgida de ella. El gobierno de Velasco Coello no puede alegar ignorancia, pues desde el pasado 26 de noviembre –hace más de dos semanas– la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), alertó sobre el conflicto territorial y señaló que a raíz del mismo podría desencadenarse una situación de violencia peor que en Acteal.

Es claro, pues, que en las muertes ya registradas hay una responsabilidad por omisión de las autoridades estatales y que si éstas mantienen la abulia que las ha caracterizado en este y otros conflictos sociales, resultará obligada la intervención de las instituciones de la Federación, no sólo para rescatar a los desplazados sino también para deslindar responsabilidades jurídicas, materiales, intelectuales y políticas.