Se realizó ayer en Venezuela la elección para los integrantes de una nueva Asamblea Nacional Constituyente que, según el gobierno de Nicolás Maduro, convocante, busca poner fin a la violencia y restablecer la paz, en tanto que, para la oposición, que no participa en el proceso, representa la consolidación de un régimen dictatorial. La polarización se extiende a los medios informativos internacionales; de entre ellos, los que se alinean con el designio estadunidense de echar del poder a Maduro reportan escenarios de baja asistencia a las urnas, fallecimientos y episodios de extremada violencia entre manifestantes y fuerzas del orden, los cuales fueron reducidos por la oficialista Telesur a problemas puntuales de violencia para impedir a las personas ejercer su derecho al voto. En todo caso, las confrontaciones de la jornada de ayer no parecen haber escalado significativamente con respecto a las que se vienen registrando en forma casi cotidiana desde que los antichavistas lanzaron una ofensiva de protestas callejeras en abril pasado.

Es claro que el convulsionado panorama político venezolano ha tenido como factores centrales, por un lado, la incapacidad de los bandos en pugna –el gobierno bolivariano y las oposiciones agrupadas en la Mesa de Unidad Democrática, MUD– para encontrar una vía de conciliación y diálogo en el contexto institucional establecido por la Constitución de 1999 y, por el otro, las pretensiones de Washington de desestabilizar al país sudamericano, que es uno de los principales productores petroleros del mundo y que desde hace casi 20 años ha buscado establecer un modelo político, diplomático y económico independiente de Estados Unidos. Tales pretensiones cuentan con el abierto apoyo de diversas naciones de la región, especialmente, del gobierno mexicano, que en el empeño por participar en el acoso internacional en contra de Maduro ha dado la espalda a los principios esenciales que guiaron la política exterior nacional durante décadas y que colocaron a nuestro país como referente de las relaciones internacionales. Asimismo, la Casa Blanca se ha servido de la Organización de Estados Americanos (OEA), y de su secretario general, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, en su ofensiva contra Caracas.

Los ejercicios de intervención en los asuntos internos de Venezuela, lejos de contribuir a la distensión de la pugna política y a la mejoría de las críticas condiciones económicas que afectan a la mayor parte de la población y a las finanzas del Estado, han empeorado el clima de confrontación, orientado a la oposición a actitudes cada vez más violentas, impulsado la rigidez gubernamental y ahondado la crisis económica.

Las prácticas injerencistas exhiben, para colmo, un déficit innegable de autoridad moral: Estados Unidos y sus aliados en esta causa, que acusan al régimen de Miraflores de antidemocrático, represivo y violador de las leyes, no son precisamente ejemplos de democracia vigente, de respeto a los derechos humanos ni de estricto respeto a la legalidad, y ninguno de ellos aprobaría un somero examen en estas cuestiones.

En suma, es necesario y urgente que los gobiernos y los organismos internacionales saquen las manos del atribulado país sudamericano, que entiendan que los asuntos políticos de Venezuela sólo pueden ser resueltos por los ciudadanos venezolanos y que se abstengan de actos de intromisión, así se traten de mera hostilidad y parcialidad simbólicas, como el anuncio formulado ayer por la Secretaría de Relaciones de México en el sentido de que no reconocerá los resultados de la elección constituyente.

Cabe esperar, por último, que tanto las autoridades como los dirigentes opositores sean capaces de establecer nuevas reglas del juego pacíficas e institucionales para solucionar sus diferencias, que se deje de recurrir a la violencia como sustituto de la política, que los hijos de la patria de Bolívar logren procesar sus diferencias en paz y que la constituyente que se votó ayer consiga contribuir en alguna medida a esos propósitos.