Desde el pasado 13 de julio los diarios panameños La Estrella de Panamá (fundado en 1849 y decano de los medios impresos del país istmeño) y El Siglo, ambos propiedad del corporativo GESE, enfrentan serias dificultades y la amenaza de cierre. El primero se ha visto obligado a reducir su tiraje y a cancelar sus ediciones los fines de semana debido a la inclusión del empresario Abdul Waked, principal accionista, en la llamada lista Clinton, catálogo que elabora la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) con sospechosos de actividades ligadas al lavado de dinero y al narcotráfico. El gobierno de Washington establece sanciones pecuniarias y de cárcel para quienes hagan negocios con las personas físicas o morales incluidas en esa lista. Por ello, los diarios panameños referidos han visto drásticamente reducidos a sus anunciantes y han perdido la capacidad de realizar transacciones mediante sistemas como Visa y Mastercard.

La empresa editorial panameña fue incluida originalmente en la lista Clinton en enero de este año pero, tras diversas gestiones y protestas de todo el espectro político y del gremio periodístico, la OFAC estableció una prórroga de seis meses antes de que ese designio empezara a surtir sus efectos, plazo que venció en días pasados.

Independientemente de la veracidad de las acusaciones en contra de Winked –las cuales, hasta la fecha, no han sido probadas por Washington–, la decisión de la OFAC representa, en los hechos, una orden de demolición de un medio informativo esencial en la historia panameña, una grosera intromisión en el panorama periodístico de la nación centroamericana y un grave atentado a la libertad de expresión que la clase política estadunidense dice defender.

Por añadidura, la tibieza de reacción del gobierno de Juan Carlos Varela ante semejante atropello exhibe a un régimen que, desde la invasión de Estados Unidos de 1989, ha perdido toda capacidad de defensa de la soberanía nacional y que actúa con sumisión a Washington, característica de las peores épocas históricas del país canalero. Resulta sobradamente fundado, pues, el reproche que se formula en un editorial del diario afectado por la falta de una defensa por parte del gobierno de la República de Panamá de los principios de la libertades de expresión y prensa y el derecho a la información de todos los panameños.

Sería disparatado, sin duda, pretender que las autoridades de la potencia del norte se abstuvieran de combatir el lavado de dinero, pero en el caso que se comenta ni siquiera resulta claro que sea esa la motivación tras la ofensiva contra La Estrella de Panamá y el GESE. Por lo demás, hay muchos instrumentos para perseguir actividades ilícitas sin pasar por la afectación casi fatal de un medio informativo emblemático e histórico de un tercer país. Hoy se hace evidente que las decisiones unilaterales y arbitrarias de una dependencia gubernamental de Washington son una espada de Damocles sobre cualquier publicación del mundo y ello no puede ser visto como un signo de democracia, sino de primario y asfixiante autoritarismo.