Jorge Carrillo Olea

En ausencia de información oficial consistente, pero atendiendo los hechos cotidianos, se advierte un cambio de situación sustantivo en las operaciones anticrimen: se ha iniciado un repliegue. El más interesante de los corolarios es que pareciera que al fin hay el reconocimiento de que se iba por la ruta equivocada y que el poco más de un año restante a la actual administración es apenas el tiempo necesario para medio arreglar el tiradero de 10 años y apuntalar al gobierno en lo posible.

Los hechos delatores son en lo general de tres tipos: uno es la notoria reducción de casos violentos en que participen las fuerzas del orden, esto por encima de los actos criminales de Tepic. Otro es el reforzamiento (le llaman blindaje) de los principales puertos y terminales marítimas del país: Manzanillo y Lázaro Cárdenas en el litoral Pacífico, y Tampico, Altamira, Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos en el Golfo. Este reforzamiento, pensó el gobierno, será más efectivo aún si se pone a los más de 100 puertos y terminales bajo el mando de personal de la Armada, decisión dudosa que el tiempo se encargará de certificar. Esos puertos son clave para asegurar el comercio internacional.

Complemento del razonamiento es un tercer hecho delator: intensificar el patrullaje de aquellas ciudades de importancia propia, como Tijuana, Nuevo Laredo, Monterrey, Guadalajara, León-Silao, y de las que, como Acapulco, Veracruz y Reynosa, sufren situaciones de crisis estructural.

El razonamiento es simple: el gobierno supone que el repliegue traerá mejores condiciones de estabilidad al evitar enfrentamientos en zonas urbanas emblemáticas; el blindaje de los puertos dará seguridad a presuntos inversionistas y el intensificar la presencia militar en ciertas ciudades clave crearán en conjunto una impresión de que el país, por fin, ha entrado en calma. ¡Todo es una argucia prelectoral para junio y útil además para meses después, en la entrega del gobierno federal: rendir las mejores cuentas posibles! Ese es el fin último, sólo eso se pretende.

Si a este conjunto de perlas se agrega el propósito de expedir una ley de seguridad interior será fácil advertir que estamos frente a un rompecabezas ya armado. Pieza por pieza termina reconociendo una claudicación del poder civil. Ya no se trata como tanto fue alardeado, de terminar con la inseguridad, no. Recordar México en Paz, capítulo central del Plan Nacional de Desarrollo de Peña Nieto. Ahora simplemente se desea verter aceite sobre las olas con fines electorales y propiciar un higiénico lavado de manos para la hora de entregar el poder. El deber de Estado de velar por la seguridad fue incumplido, hoy sólo se intenta salvar el pellejo.

De ser válida esta argumentación, se advierte en ella una maquinación gubernamental en favor de sus intereses políticos, partiendo de una inusual aceptación, aunque todavía muda, de que algo se hizo mal. Es notoria también en ella una ordenación conceptual que es también inusual en el gobierno y faltaría por ver si hay la conducción política y operativa indispensables, y la cooperación interinstitucional, todas ellas ausentes estos 10 años.

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