El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) autorizó ayer el tope de gastos de campaña más elevado en toda la historia de los comicios locales, de modo que cada uno de los candidatos a la gubernatura podrá erogar 285 millones 566 mil 771 pesos con 27 centavos entre el 3 de abril y el 1º de junio, es decir, cuatro millones 759 mil pesos diarios. Como en los comicios pasados, el tope se fijó a partir de la fórmula contenida en el Código Electoral mexiquense, la cual establece que 34 por ciento de la unidad de medida (75.46 pesos) se multiplique por el número de electores inscritos en el padrón electoral, que este año ascendió a 11 millones 126 mil ciudadanos.

Para poner en contexto la cantidad de dinero que puede gastar legalmente cada candidato a la gubernatura de la entidad más poblada del país, cabe señalar que, de haberse aplicado la fórmula vigente en el estado de México, las elecciones del año pasado en Veracruz habrían tenido un tope de gastos de más de 145 millones de pesos por candidato, casi el doble de los 87 millones autorizados. La cifra, además, resulta más de mil por ciento superior a las erogadas en las elecciones de Zacatecas o Hidalgo, donde las campañas a la gubernatura realizadas en 2016 tuvieron topes de 25 millones 390 mil y 22 millones 300 mil pesos, respectivamente.

Los datos previos permiten hablar de una manifiesta disparidad entre el estado de México y las demás entidades en cuanto a los recursos económicos que pueden movilizarse durante las campañas locales –justificada por el IEEM debido al tamaño del padrón electoral, que ciertamente es el más grande del país–, pero ésta no es la única razón para considerar que se trata de un monto desproporcionado y claramente indefendible en la actual coyuntura local y nacional.

Es menester mencionar tres elementos de gravedad que forman parte insoslayable del debate público y cuya consideración resulta de sentido común al fijar los costos de un proceso democrático. Por una parte, los alarmantes niveles de pobreza reportados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), según los cuales uno de cada cinco mexicanos padece hambre y apenas dos de cada 10 habitantes del país viven libres de cualquier forma de pobreza o vulnerabilidad. En segundo lugar, el crecimiento desorbitado de la deuda pública que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha crecido 3 mil 580 millones de pesos diarios en los pasados 12 meses, hasta alcanzar un récord de 9 billones 817 mil 223.6 millones de pesos. Tampoco pueden ignorarse los continuos recortes a las previsiones de crecimiento económico, el cual hoy se estima entre 1.5 y 1.7 por ciento, muy por debajo de la inflación y de lo que requiere la incorporación de los jóvenes a la población económicamente activa.

Si a estas consideraciones se suma el grave dispendio que en términos ecológicos representa el estilo vigente de solicitar el voto de los ciudadanos –como muestran de manera por demás elocuente las toneladas de basura electoral recogidas por el personal de limpieza de municipios y delegaciones al término de cada campaña–, y el fracaso palmario que significan para una democracia los altísimos porcentajes de abstención que se repiten cada jornada electoral, no queda sino señalar la necesidad y la urgencia de modificar el formato de las campañas por uno que demuestre sensibilidad ante la situación de las mayorías sociales y permita recoger de manera efectiva y responsable la voluntad popular.