El gobierno de México reiteró ayer su firme compromiso para eliminar toda forma de discriminación motivada por cualquier circunstancia que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Al celebrarse el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, dijo que en la actualidad ‘‘somos testigos de crecientes expresiones de xenofobia y discriminación de grupos vulnerables’’, como los migrantes y sus familias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó hoy la solicitud de medidas cautelares para cientos de víctimas de Nochixtlán y para los activistas que llevan el caso, presentada por el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert.
Ante las continuas agresiones contra denunciantes y defensores de derechos humanos, nueve meses después del asalto policiaco en Nochixtlán, el 19 de junio de 2016 –incluyendo uno esta semana–, además del fracaso de las medidas emitidas a escala estatal y el estancamiento de la investigación oficial de los hechos por falta de seguridad para que las víctimas puedan rendir testimonios, se tomó la decisión de acudir a organismos internacionales, explicó Peimbert en entrevista con La Jornada.
‘‘Lo que se busca es protección para las víctimas y sus defensores’’, afirmó. Dijo que el caso ‘‘sobrepasa’’ las capacidades de los defensores en el tema: ‘‘Necesitamos de mecanismos que obliguen a que se atienda este caso con estándares de derechos humanos, de justicia y verdad’’, así como para ‘‘visibilizar’’ ese hecho.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz incurrió en un ‘‘acto irresponsable’’ al informar que cuenta con ‘‘indicios’’ sobre la identidad de tres personas desaparecidas en la entidad en 2016, quienes están entre los cuerpos localizados en ocho fosas clandestinas ubicadas en la comunidad de Arbolillo, Alvarado, donde se recuperaron al menos 47 cráneos y un número indeterminado de restos humanos.
Fallas y revictimización
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD) citó una larga lista de ‘‘fallas, omisiones y tratos revictimizantes’’ de la fiscalía veracruzana hacia familiares de personas desaparecidas, al dar información sobre las fosas clandestinas localizadas en el estado durante los días y semanas recientes, donde no se han aplicado ni las normas ni los protocolos en la materia.
Familiares de personas desaparecidas reclamaron al Congreso de la Unión el ‘‘enorme retraso’’ en aprobar la ley general de desaparición forzada y por particulares. Además, pidieron la intervención de la comunidad internacional, ante ‘‘las atrocidades y crímenes de lesa humanidad’’ que se dan en el país con el pretexto del combate a la delincuencia y crimen organizado.
‘‘No sólo es Veracruz, hay fosas clandestinas en todo el país’’, dijo Yolanda Morán, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), organización que agrupa a 43 colectivos de familias.
Reunidos en el monumento a Cuauhtémoc, durante la Jornada por la Memoria y el Compromiso con las Víctimas de las Mafias, que se realiza desde hace 22 años en Italia, activistas y familiares de desaparecidos expresaron su rechazo a la ley de seguridad interior, pues con ella se legalizaría la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, cuando no es una tarea para la que estén formadas.
Mtro. José María Gerardo Carmona Rocha Aspirante a Rector
NUMERO 18 JUN-JUL 2023
Jose María Carmona
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José María Carmona
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