Aunque el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, declaró ayer por la mañana que no se permitirán en el país ejecuciones extrajudiciales e irán a fondo en las investigaciones en el caso de Nuevo Laredo, Tamaulipas, más tarde mandos del Ministerio Público Federal señalaron que las pesquisas quedarían por el momento en el ámbito local, por tratarse de delitos del fuero común.
La CNDH abre investigación y envía visitadores al lugar
En redes sociales circulan las imágenes de lo que al parecer fue la ejecución extrajudicial de ocho personas en Nuevo Laredo.
Los hechos recientes en Nuevo Laredo, Tamaulipas –que apuntan a una ejecución extrajudicial de ocho personas a manos de policías estatales y un posterior montaje para hacerla pasar como un enfrentamiento con miembros del crimen organizado–, ya son investigados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Ante el cierre de gasolineras en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, admitió que algunos empresarios del sector fueron amenazados por el crimen organizado y en otros casos los propios dueños abandonaron las estaciones de servicio. En ese contexto, indicó que no hay una intención deliberada del gobierno federal en contra de los concesionarios del sector.
“No se cerraron todas; unas ya habían sido abandonadas por sus dueños, otras tenían problemas con la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) y algunas más habían dejado de ofrecer el servicio ante la amenaza que tenían.
Entonces, no es una situación del gobierno federal ni remotamente; son situaciones que se fueron dando y cada uno de estos casos son distintos, señaló.
Analizan el caso
En entrevista, la funcionaria comentó que el caso de Nuevo Laredo fue expuesto ayer durante la reunión del gabinete de seguridad, encabezada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.
Con base en los datos emitidos por altos funcionarios este miércoles, indicó que son casos distintos, tanto de abandono de las estaciones como de amenazas o de otra índole, es decir, cada caso es distinto, insistió.
–¿El gobierno garantiza la seguridad a los gasolineros?
–Estamos garantizando la seguridad a través de la Guardia Nacional y, por supuesto, mediante una coordinación del gobierno federal con las policías del estado.
“Ellos –añadió– cerraron las estaciones de servicio y no quisieron proporcionar el combustible al Ejército y a la Guardia Nacional.
Entonces, el gobernador (Francisco Javier García Cabeza de Vaca) empezó a mandar pipas para surtir a la Guardia Nacional y al Ejército, pues no les querían dar el producto seguramente por alguna situación de ellos.
–¿Están amenazados?
–Ellos dicen que por eso no le estaban sirviendo al Ejército y a las policías, pero además también había algunas gasolineras que ya habían sido abandonadas por los dueños, eh. Eso también se dijo hoy por la mañana en la reunión de seguridad, y que otras tenían también problemas con la Profeco.
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