Víctor Ballinas y Andrea Becerril

El Senado aprobó ayer las leyes reglamentarias de la reforma constitucional al Poder Judicial que busca erradicar el nepotismo y la corrupción entre jueces y magistrados, con sanciones severas que van desde el retiro temporal hasta la inhabilitación por 20 años de los juzgadores.

Jueces, magistrados y empleados que hayan aceptado sobornos o incurrido en tráfico de influencias tendrán la obligación de restituir dos veces los beneficios que hubieran obtenido para sí o un tercero y deberán, además, pagar una indemnización si se provocaron daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal.

La reforma, que crea la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Carrera Judicial, además de modificaciones a cinco ordenamientos, fue aprobada con el voto a favor de la mayoría de las fuerzas políticas, excepto MC y algunos senadores del PAN, que consideraron que no es el proyecto integral que se requiere. Martí Batres, de Morena, respondió que es la reforma que necesitan los ciudadanos.

El presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio Menchaca, resaltó que se pretende fortalecer la estructura del Poder Judicial después de 25 años de su última reforma, para que la Corte pueda destinar el tiempo y el esfuerzo a ser un tribunal constitucional y delegar responsabilidades que hoy día la agobian, por el número de asuntos.

La nueva Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial prohíbe a jueces y magistrados la contratación de familiares, amigos y allegados y establece que todos los cargos se obtendrán a través de concursos de oposición y también se someterá a concurso el desempeño, la permanencia en el cargo y los ascensos.

Se actualiza en la ley la causal de responsabilidad administrativa en los casos de acoso y hostigamiento sexual sin que sea necesario que deba acreditarse el elemento normativo consistente en que atente contra la dignidad de la víctima. Con ello, se precisa, se pretende facilitar la sanción.

Para acabar con el nepotismo, se establece como una causal de responsabilidad administrativa expresa que quienes valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente designen, nombren o intervengan para que se contrate en cualquier órgano jurisdiccional o área administrativa del Poder Judicial de la Federación en que ejerza funciones a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo. Cada una de las siete reformas fue votada por separado.

La Ley Orgánica del Poder Judicial fue aprobada con 94 votos a favor, 19 en contra y dos abstenciones. La minuta se turnó a la Cámara de Diputados.