Ángeles Cruz

Nadie fue despedido, asegura el director del instituto // Se ofreció reubicarlos y quienes rechazaron la propuesta recibieron su finiquito

Después de manifestarse en Palacio Nacional y de dialogar con funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Salud, los ex trabajadores del Seguro Popular no han recibido respuesta a su exigencia de ser contratados por el nuevo instituto.

Ante la protesta de trabajadores del extinto Seguro Popular, que exigen la renovación de sus contratos y pagos quincenales, Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), aseveró que nadie fue despedido. Precisó que a las casi 6 mil personas que realizaban actividades de afiliación y gestoría se les ofreció reubicarlos (en el área médica, de acuerdo con su perfil) o trabajar de promotores de la salud, para el personal administrativo, y quienes rechazaron estas opciones recibieron su finiquito.

Desde temprano, en Palacio Nacional un grupo de trabajadores de distintos estados se manifestó en Palacio Nacional y más tarde en otras dependencias federales.

Ante el reclamo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en años pasados se fomentó no sólo la corrupción, sino el crecimiento de plazas administrativas.

Eso pasó con los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), cuya función era afiliar y orientar a los usuarios del Seguro Popular acerca de los servicios a que tenían derecho.

Con el nuevo modelo de atención en el Insabi, los REPSS ya no se requieren, agregó el mandatario.

El responsable del Insabi explicó que en el Seguro Popular el personal administrativo representa 30 por ciento de los trabajadores, cuando no debería ser más de 6 por ciento.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, rechazó que se hayan dejado de pagar salarios y aseveró que se investigará lo ocurrido con el fin de corregir las anomalías denunciadas por los trabajadores.

La protesta de los trabajadores se extendió de la Plaza de la Constitución a las secretarías de Gobernación y de Salud, con la exigencia de obtener garantías en su contratación. Aunque se integraron comisiones para conversar con funcionarios, hasta anoche no había acuerdo alguno.

Queremos que nos reinstalen, desde el primero de enero no tenemos trabajo ni hemos recibido salario. Nos dicen que hay un curso virtual para actualizarnos o evaluarnos con el propósito de formar parte del nuevo sistema de salud, pero no se tiene fecha de inicio, manifestó César Camargo, uno de los dirigentes de la movilización.

La mayoría del personal afectado, explicó, es de áreas administrativas. A los de gestión ya les dijeron que no serán contratados. ¿Por qué están despidiendo gente si se supone que el nuevo sistema iba a absorbernos?

En el mismo tono, Ulises Cortés Maldonado, de Oaxaca, mostró el decreto de creación del Insabi y en los artículos transitorios se prevé la continuidad de los recursos humanos y materiales de la anterior estructura (Seguro Popular).

Visiblemente molesto –utilizando palabras despectivas y altisonantes– criticó al presidente López Obrador por incumplir sus compromisos ante los trabajadores de menores salarios.

Maldonado y otros integrantes de las comisiones estatales anunciaron que continuarán la movilización y algunos amagaron con bloquear avenidas e incluso los accesos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Trabajadores consultados reconocieron que laboraban a partir de contratos eventuales. Sin embargo, lamentaron, no tenemos información clara respecto de nuestra continuidad o no, y en este caso, del pago de liquidaciones.

En la Secretaría de Salud les aclararon que los responsables de atender sus casos son las propias entidades federativas.