Emir Olivares Alonso y Ana Langner

Durante los 90 días del acuerdo binacional en materia migratoria, México se ha convertido en el muro fronterizo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues a partir de ese convenio se han desprendido una serie de violaciones a los derechos humanos de indocumentados en territorio nacional.

Así lo señalaron más de 100 organizaciones de la sociedad civil y colectivos nacionales e internacionales en una carta enviada tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como al canciller Marcelo Ebrard Casaubon, que se dio a conocer horas antes de la reunión entre funcionarios de ambos gobiernos para evaluar los alcances del acuerdo suscrito el pasado 7 de junio.

En el documento, los organismos instaron al gobierno mexicano a poner fin a presiones del gobierno de Estados Unidos en materia migratoria, así como a terminar con los actos que se desprendieron de las negociaciones “que han resultado en violaciones a los derechos de las personas migrantes y en un incremento sustancial en su grado de vulnerabilidad.

Es momento de que México deje de implementar una política que sirve a los intereses antinmigrantes de Estados Unidos y que lo aleja de los principios que históricamente ha impulsado con su política exterior, manifestaron.

La misiva es firmada por Sin Fronteras IAP, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Servicio Jesuita con Migrantes, el Instituto para las Mujeres en la Migración, Human Rights First, Oxfam, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Voces Mesoamericanas Acción con los Pueblos Migrantes y decenas de organizaciones más.

Política de militarización

Indicaron que las acciones que se desprendieron a partir de la firma del acuerdo bilateral se han traducido en retenes y revisiones arbitrarias, discriminatorias e ilegales contra indocumentados por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. El uso de esta última en dicho ámbito muestra cómo el gobierno mexicano ha decidido militarizar un fenómeno que debería atenderse desde una perspectiva humanitaria y no de seguridad.

Destacaron que el incremento de los llamados rescates a personas migrantes abren interrogantes sobre si estas acciones, que son un eufemismo para aprehensión, se realizan con apego a derecho.

Aunado a ello, subrayaron, México también aceptó –antes del acuerdo– recibir en su territorio a los extranjeros que han solicitado asilo en Estados Unidos en lo que ese país da respuesta a su trámite, con la implementación de los Protocolos de Protección de Migrantes, conocidos como el programa Quédate en México.

Observaron que México está incrementando la vulnerabilidad de las personas retornadas bajo este programa. A pesar del anuncio de una recepción humanitaria, en la práctica los repatriados no están accediendo a trabajo, educación ni salud.

Los logros que el gobierno mexicano presenta como resultados del acuerdo migratorio con Estados Unidos están muy lejos de representar una política de derechos humanos, integral y que ponga en el centro a las personas migrantes. Los supuestos avances representan, en gran medida, retrocesos a los compromisos asumidos por México, enfatizaron.