Dora Villanueva

El T-MEC y débil inversión privada, entre los riesgos

Tras una desaceleración importante en 2019, el gobierno federal prevé que el próximo año el producto interno bruto (PIB) crezca 2 por ciento, por arriba del estimado de 0.9 por ciento que aún mantiene para 2019. Ve tres riesgos internos para que esto no se concrete: que no se logre la ratificación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC); que las calificadoras de crédito reduzcan la nota de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la deuda soberana; y una mayor debilidad de la inversión privada.

En los criterios generales de política económica 2020, uno de los documentos eje del paquete económico, se prevé también una inflación de 3 por ciento; un tipo de cambio en 20 pesos por dólar. Un precio del petróleo de 49 dólares por barril, 10.9 por ciento abajo de lo proyectado este 2019; a la par de una plataforma de producción de crudo total de mil 951 millones de barriles diarios.

En el rubro de la deuda, anticipa que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia de la deuda, se ubique en 45.6 por ciento del PIB, y un superávit primario –ingreso menos gasto sin incluir pago de intereses de la deuda– de 0.7 por ciento, casi la mitad del 1.3 que se estimaba en los precriterios entregados en abril.

Ese es el contexto del gobierno federal bajo el cual calcula los ingresos en 2020 y con esos supuestos repartió el gasto en el gobierno federal el próximo año (programas sociales, salud, educación, entre otros). La Secretaría de Hacienda y Crédito Pública lo advierte así: es un programa prudente y acorde con las expectativas de los mercados.

El gobierno detalla que en 2019 la caída de los ingresos implicó el uso de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios –equivalentes a 0.5 por ciento del PIB–. Con ello, los requerimientos financieros del sector público, la medida más robusta de balance público, se ubicaron en 2.7 por ciento, 0.2 por arriba de lo estimado en diciembre pasado. Con este panorama se usó cláusula de excepción en la integración del paquete para el próximo año. La medida detallada en los criterios expone que por ello se recortaron en 5.4 por ciento los recursos presupuestarios en inversión física. El objetivo es que los requerimientos financieros del sector público se mantengan en 2.6 por ciento del PIB; y con ello garantizar un superávit primario de 0.7 por ciento el próximo año.

En el texto de 186 cuartillas no tuvo eco el discurso oficial plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo. Se acota es incuestionable la desaceleración en la expansión de la actividad económica agregada en la primera mitad de 2019. Entre los factores internos que identifica está la incertidumbre generada por las previsiones de menor crecimiento; y la disminución de la inversión pública en infraestructura por los tiempos de elaboración y aprobación de los estudios de preinversión de los nuevos proyectos.

No obstante, destaca esperar que para el segundo semestre los diversos choques, externos e internos, y sus efectos negativos que se presentaron se disipen o en su caso se reviertan. Entre ellos, se espera una disipación gradual en la incertidumbre generada por las dudas en algunos sectores de la sociedad.

A ello suma que este y el próximo año, el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos, el repunte del crédito y la inversión en infraestructura pública y privada generen mayor dinamismo.

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