Gustavo Castillo García

La inconformidad en la PF ha sido aprovechada por críticos del gobierno, dice el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Prote cción Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, señaló que la protesta que realizan los elementos de la Policía Federal (PF) ha sido aprovechada por críticos del gobierno.

Luego de que el funcionario dejó entrever que el ex presidente Felipe Calderón podría estar detrás de la protesta, por la noche en un noticiario televisivo se echó para atrás en su señalamientos y dijo que en ningún momento puso el nombre del michoacano sobre la mesa y que sólo se refirió a la mención que hizo sobre él uno de los autodenominados representantes de los inconformes, quien pidió que fuera su representante sindical.

En conferencia de prensa indicó que esa manifestación ha sido aprovechada por críticos sistemáticos del gobierno y grupos de interés ligados a la corrupción que estuvo incrustada estructuralmente en la PF. No es casual que hace unos momentos uno de los propios representantes de los inconformes solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical.

Al preguntarle si detrás de las movilizaciones se encuentran partidos políticos o personajes como el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el ex presidente Calderón, respondió:

No he señalado absolutamente a ningún partido político. He mencionado un nombre (Felipe Calderón) y tú has puesto sobre la mesa otro. Nuestra conclusión es que hay beneficiarios de contratos y procesos administrativos viciados al interior de la corporación que se están aprovechando de la legítima inconformidad que tienen algunos elementos de la PF, quienes por falta de información de nuestra parte pudieran sentir sana y legítimamente que están en riesgo sus derechos.

Indicó que hay otros ex servidores públicos detrás de las acciones de los agentes, y que a través de redes sociales han manifestado su apoyo a los inconformes, pero no dio mayores detalles de ello.

Reveló que es evidente que algunos líderes visibles del movimiento no son integrantes de la institución, son personas ligadas a los grupos de interés que han usufructuado contratos millonarios en la compra de gasolina no utilizada, en la adquisición de tecnología, entre muchos otros, y señalo que uno de ellos es Ignacio Benavente Torres, quien purgó una condena por secuestro y se ha identificado como presidente de una organización civil dedicada a proteger los derechos humanos.

Indicó que “las protestas de elementos de la PF, si bien se entienden como parte de su derecho a manifestarse, es un movimiento que no tiene razón de ser. La molestia encuentra su explicación en la velocidad con la que se realizaron los cambios legales, los acuerdos institucionales y el proceso administrativo de implementación de la Guardia Nacional.

En ese breve proceso tuvimos fallas, carecimos de mecanismos de comunicación interna paralelos a la creación de la Guardia Nacional que reconocieran los sentimientos y se anticiparan a las demandas de los policías federales, admitió el funcionario.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, el titular de la SSPC informó que con motivo del proceso de transición y extinción de la Policía Federal se ha solicitado a la Secretaría de la Función Pública una auditoría integral de cierre del organismo.

Además, la Auditoría Superior de la Federación abrió un proceso para la revisión de la cuenta pública 2018.

En cuanto a las protestas precisó que debe quedarles claro que no hay absolutamente ningún despido. Todos los buenos elementos van a tener su oportunidad laboral, pero advirtió que en este proceso de negociación no hay margen para modificar los requisitos de acceso a la Guardia Nacional, como lo han demandado los policías inconformes.

Reveló que se investiga la compra con sobreprecio de un sistema de inteligencia que se contrató en diciembre de 2015 y se adquirió por 2 mil 458 millones de pesos, con cargo a la partida de Gastos de seguridad pública y nacional, provocando pagos en demasía y quedando un adeudo por mil 300 millones de pesos. Este sistema es conocido como Rafael.