Cesa Arellano García

De acuerdo con las resoluciones emitidas por jueces, que por ahora frenan el inicio de obras del aeropuerto en Santa Lucía, estado de México, entre los promoventes de los amparos están María Elena Morera, de Causa en Común, quien tuvo relevante papel en los gobiernos panistas; el colectivo #NoMásDerroches, auspiciado por la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Unido Contra la Delincuencia.

Estas organizaciones, junto con algunos ciudadanos, la mayoría ligados a dichos grupos, tramitaron 147 amparos en la Ciudad de México, Morelos, estado de México, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo y San Luis Potosí.

MCCI es un colectivo que auspicia Claudio X. González, quien también está detrás de Mexicanos Primero. En las listas de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal también aparecen ciudadanos que tramitaron algún amparo como Luis Gómez Fernández, Norma Velázquez Choreño, José Manuel Fernández y Ángel Domínguez, así como el abogado Juan Pablo Estrada Michel, en representación de un quejoso que pidió al juez reservar su nombre.

De acuerdo con las suspensiones concedidas, éstas ordenan detener la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta que se verifique que la obra cuenta con los estudios ambientales y de seguridad a los que se refiere la Ley de Aeropuertos y el reglamento, y que se mantengan las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) sin ser destruidas en tanto se cuente con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

La Secretaría de Seguridad Pública federal encabezada por Genaro García Luna, a quien se vincula con María Elena Morera, entregó en 2009 a México Unido contra la Delincuencia 4 millones 256 mil 916 pesos en donativos cuando ella presidía la organización, informó en su momento la dependencia a una solicitud de información.

La semana pasada un tribunal colegiado en materia administrativa consideró infundado el recurso de queja que presentó Morera contra la decisión del juez décimo de distrito por negarle una suspensión contra la cancelación del NAIM en Texcoco.