Gustavo Castillo García

Retrasos en la entrega de información por parte de la Fiscalía de Brasil han obstaculizado la judicialización (consignación ante un juez) de la carpeta de investigación del caso Odebrecht y que presuntamente se impute el delito de cohecho contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya.

El panorama, de acuerdo con funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional, será que el ex funcionario sea acusado ante tribunales nacionales al acreditarse –con base en declaraciones realizadas y corroboradas en el Ministerio Público– que se le entregaron 10 millones de dólares, los cuales fueron transferidos a cuentas internacionales; por tratarse de un delito no grave, Lozoya podrá pagar una reparación del daño equivalente a la suma recibida y enfrentaría el proceso penal en libertad.

En marzo, el juzgado primero de amparo otorgó una suspensión para que la Procuraduría General de la República (PGR) no consigne el expediente ante un órgano jurisdiccional o que no solicitara una orden judicial contra Lozoya hasta que se resolviera el fondo del amparo.

Los funcionarios entrevistados dijeron que el Ministerio Público Federal ya recibió información financiera de países europeos, en la cual quedaron registros de las transferencias realizadas por los representantes de Odebrecht y las cuales estarían relacionadas con el ex director de Pemex.

Asimismo, los defensores de Emilio Lozoya, encabezados por el ex subprocurador de la PGR Javier Coello Trejo, han acudido a revisar el expediente y, presuntamente, no han encontrado evidencias que vinculen a su cliente con algún delito.

Mandos de la PGR aseguraron que buscarán que, conforme al nuevo sistema de justicia penal y las leyes mexicanas, se sancione a la empresa brasileña y no se le otorguen más contratos, pues consideran que de ser así se le solventarían a la compañía los costos que genere la reparación de las penas económicas que se le impongan.

Funcionarios de la PGR estiman que el caso Odebrecht podría tardar entre tres o cuatro semanas en ser judicializado mientras terminan los peritajes restantes y se consolidan y certifican traducciones de declaraciones ante los fiscales mexicanos.