Alejandro Alegría

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sostuvo que la transición no es pretexto para que la actual administración evada el combate a la violencia que vive el país y debe asumir su responsabilidad en la implementación de acciones para pacificar a México.

El líder del sindicato patronal, Gustavo de Hoyos Walther, recordó que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó que en México hubo 31.1 millones de delitos en 2017, lo cual equivale a 37 mil 17 por cada 100 mil habitantes, y se cometieron 31 mil 174 homicidios dolosos (85 al día).

Ante estas alarmantes cifras, insistió en que el gobierno actual debe asumir la responsabilidad de mantener la seguridad, pues urge que actúe contra la embestida de la delincuencia organizada, que no sólo tiene en alerta a las entidades federativas, sino que inhibe la inversión, nacional y extranjera, y el turismo.

Enfatizó que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estiman que la comisión de delitos en 2018 crecerá 10 por ciento más, tendencia que señala una clara incapacidad del Estado para contener la crisis.

Sostuvo que los mexicanos no pueden esperar la llegada de López Obrador, en diciembre próximo, “para acceder a la seguridad y a la tranquilidad, y urgió a que en el tiempo que resta al actual gobierno se adopten las medidas pertinentes para disminuir los índices de homicidios dolosos, extorsiones y secuestros, y que se prepare el camino legislativo para los cambios institucionales.

De Hoyos Walther enumeró seis acciones para combatir a la inseguridad y violencia: fortalecer las instituciones de prevención y procuración de justicia, crear una estrategia integral de prevención del crimen, combatir el problema con el uso de áreas de inteligencia y de investigación financiera, capacitación para policías en estados y municipios, así como una depuración de esas fuerzas, además del rediseño de la arquitectura institucional relacionada con la seguridad pública, en coordinación con estados y municipios.