Frente a la crisis de derechos humanos que enfrenta México, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, entregó personalmente al equipo de transición del próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Agenda Básica de Derechos Humanos, en la cual se plantean diversas medidas y acciones para solucionar la imperante problemática en esta materia.
En una reunión privada, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó este documento, de 58 páginas, a la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, quien será la titular de la Secretaría de Gobernación del gobierno de López Obrador. Se trata de 140 puntos agrupados en seis rubros principales.
La agenda presenta además 10 asignaturas pendientes sobre derechos humanos en México, denominadas por la CNDH como compromisos básicos que deben atenderse de manera urgente: que se concluyan las investigaciones y se esclarezcan las graves violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del Estado en los casos Iguala, Tanhuato, Nochixtlán, Apatzingán, Tlatlaya, Tierra Blanca, Papantla, Cadereyta, Sonora, Allende, San Fernando, Chilpancingo, Ocoyucan y otros; que las estrategias de seguridad pública sean redefinidas para que vuelvan a quedar exclusivamente en manos de autoridades civiles y se marque un plan ordenado y verificable de regreso de las fuerzas armadas a sus funciones propias.
Además, la implementación administrativa y operativa del Sistema Nacional Anticorrupción y de las fiscalías autónomas, previendo en este último caso un plan transparente y verificable para la transición entre la actual Procuraduría General de la República y la nueva fiscalía general; concluir las indagatorias y llegar a la verdad y la justicia en los casos de desaparición forzada, tortura y ejecución arbitraria.
También que se establezca un mecanismo de verificación respecto de la debida implementación de las leyes generales de desaparición y tortura, y que se cuente con presupuesto suficiente para su establecimiento y operación; atender y terminar las indagatorias de los homicidios y agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos; además de revisar y replantear el mecanismo federal de protección para estos profesionales y que se contemple el establecimiento de instancias equivalentes en cada entidad federativa.
Otros compromisos básicos para la próxima administración, afirma la CNDH en el documento, son que se concluyan las investigaciones y se esclarezcan los feminicidios en el país; que se revise el Mecanismo de Alerta de Género por Violencia en contra de la Mujer para fortalecerlo, hacerlo más eficaz y eficiente y contar con indicadores claros de seguimiento.
El décimo punto es que se realicen las adecuaciones normativas necesarias para garantizar la autonomía real de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en las entidades y garantizar que los mismos cuenten con los recursos y capacidades necesarias para cumplir con sus objetivos.
