Emir Olivares Alonso
El Instituto Nacional de Migración (INM) ha violentado la Constitución al impedir que integrantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ingresen a centros de detención migratoria para defender las garantías de las personas en movilidad internacional procedentes de Centroamérica.
Un juez federal concedió un amparo a esta organización, en el que determinó que la negativa del INM es inconstitucional al negar el derecho a ésta y otras agrupaciones de defender los derechos humanos de las personas migrantes detenidas en las estaciones para tal fin.
La sentencia señala que los migrantes alojados en las estaciones del INM enfrentan una situación de privación de la libertad e incomunicación que los coloca en un escenario agravado de vulnerabilidad, por lo cual permitirá que integrantes de organismos civiles que cumplan los requisitos de ley puedan defender los derechos de quienes están detenidos.
El 2 de febrero pasado, la CMDPDH solicitó permiso al INM para ingresar a las estaciones migratorias de Ciudad de México, Tlaxcala y Tapachula con la fina-lidad de ofrecer servicios gratuitos de representación legal a los migrantes retenidos. La dependencia federal les negó el acceso con el argumento que de hacerlo violaría el derecho de estas personas a designar voluntariamente a su representante jurídico.
Ante ello, promovió un amparo, resuelto el pasado 2 de julio por el juez octavo de distrito en materia administrativa de Ciudad de México, en favor del derecho de la comisión y de cualquier asociación civil de defender los derechos de las personas alojadas en estaciones migratorias, y declaró inconstitucional la respuesta del INM.
La CMDPDH celebra la sentencia del juez, tanto por el reconocimiento del derecho a defender derechos humanos de las asociaciones civiles, como por enmarcar el ejercicio de este derecho en el contexto de la privación de la libertad que sufren las personas migrantes en México, y la vulnerabilidad e indefensión en la que dicha detención los coloca.
Llamó al INM a cumplir con los términos del fallo judicial, lo que representa autorizar que su equipo de asesores legales, al igual que los de otras organizaciones, ingresen a las estaciones migratorias una vez cumplidos los requisitos, así como abstenerse de prohibirles nuevamente el acceso a esos centros.
