Georgina Saldierna y Alonso Urrutia

El Instituto Nacional Electoral entró en la última fase de los procedimientos oficiosos que inició contra Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, relacionados, entre otras cuestiones, con un presunto financiamiento irregular por 17 millones de pesos, cuyas sanciones podrían ir desde el pago de multas hasta, según algunas versiones, la posible cancelación de la candidatura del ex gobernador de Nuevo León.

En las previsiones, la conclusión de las investigaciones estaría lista antes del tercer debate entre candidatos presidenciales del 12 de junio. Entre las irregularidades que investiga la unidad técnica de fiscalización, destacan indicios de financiamiento irregular a Rodríguez Calderón en los que habría presuntas aportaciones del sector empresarial, algo prohibido por ley.

Hay quejas promovidas por partidos en las que se denuncia el posible involucramiento de personal del gobierno neoleonés. De su comprobación dependería la relevancia de las sanciones hacia el candidato e incluso a funcionarios del gobierno del estado. Sin embargo , a diferencia de los procedimientos oficiosos, en los especiales sancionadores con que se resuelven las quejas, la Unidad Técnica de lo Contencioso investiga y la sala especializada elabora la resolución.

Por lo pronto, en una audiencia ante la Unidad de los Contecioso Electoral, el ex diputado local de Movimiento Ciudadano, Samuel Alejandro García Sepúlveda pidió ayer la cancelación de la candidatura presidencial de Rodríguez, porque 595 trabajadores del gobierno de Nuevo León recabaron firmas de apoyo a Rodríguez en horas hábiles y utilizando teléfonos y recursos públicos.

También pidió que se dé vista del caso a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, a fin de iniciar las carpetas penales correspondientes. Con ello se busca que se le inhabilite y ya no regrese a gobernar al terminar la contienda electoral. El ex legislador denunció que servidores públicos fueron coaccionados para reunir rúbricas con la amenaza de ser despedidos si no lo hacían.

Presumió que hubo lavado de dinero en la recaudación de los recursos utilizados para juntar las firmas, pues se reporta que quienes hicieron aportaciones monetarias por más de 200 mil pesos viven en colonias populares.