Néstor Jiménez
La violencia en el actual proceso electoral es uno de los principales factores que inhiben la participación de la ciudadanía en los comicios, advirtió la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD).
Al presentar el posicionamiento de la agrupación, integrada por activistas y organizaciones sociales, el sacerdote Miguel Concha Malo, identificado por su defensa de los derechos humanos, recalcó que a los recientes asesinatos de candidatos se suma la omisión del Estado para atender el problema.
Explicó que de 2015 al presente año aumentaron 400 por ciento los hechos de violencia en las campañas proselitistas.
Aunque dijo que no se puede determinar si los ataques y asesinatos tienen la intención de alejar la participación ciudadana, Concha Malo subrayó que esas agresiones sí tienen un efecto inhibitorio, sin que haya respuesta de las autoridades.
Nos preocupa la omisión de las autoridades del Estado mexicano y que no reaccionen con más contundencia y compromiso ante las condiciones de violencia. No sólo se actúa directamente, también se actúa no actuando, sostuvo Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
Mediante el posicionamiento de la RUCD, indicó que en el presente proceso electoral se han perpetrado entre 88 y 97 asesinatos, no sólo contra candidatos sino también contra funcionarios o políticos, además de que más de mil personas que pretendían participar en las elecciones desistieron de hacerlo al verse amenazadas o por atentados fallidos.
La RUCD indicó que ya existen denuncias por la compra y coacción del voto en el actual proceso, así como una crisis de credibilidad mediática motivada por las llamadas noticias falsas, que buscan generar información engañosa para influir en el proceso vía Internet; encuestas utilizadas de manera dolosa, y uso de temas económicos por el sector empresarial para coaccionar el voto.
A la presentación del posicionamiento de la RUCD asistió el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales Santiago Nieto, quien aseguró que hay factores en la actual campaña, como los mensajes del PRI, que deberían ser motivo de delito electoral.
Advirtió acerca del uso electoral de programas sociales por parte de dependencias federales que no inciden en el combate a la pobreza, sino que buscan generar clientela política, ya que hubo un incremento inusual en su presupuesto para este año.
El académico John Ackerman y Valentina Melgar, integrantes de la RUCD, señalaron que quienes busquen participar como observadores electorales deben registrarse ante el Instituto Nacional Electoral antes del 31 de mayo.
