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Andrea Becerril

No es casual que el fallo se emita cuando el TEPJF analiza impugnaciones a su candidatura

El reciente laudo emitido por la autoridad laboral, que obliga al Sindicato Minero a pagar a un grupo de demandantes parte de los 55 millones de dólares del patrimonio gremial, se inscribe en la estrategia contra Napoleón Gómez Urrutia emprendida por Grupo México para evitar que llegue al Senado con las siglas de Morena, afirmó el abogado Carlos de Buen Unna.

No es casual, agregó, que la repentina resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se haya emitido en momentos en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analiza las impugnaciones contra la candidatura de Gómez Urrutia.

De Buen, cuyo despacho ha llevado el caso de los 55 millones de dólares que el Sindicato Minero logró que pagara Grupo México en los años 90, recalcó que el laudo –que contiene diversas irregularidades– no condena a nada a Gómez Urrutia ni es definitivo, y por ello recurrirán al amparo.

Sin embargo, dijo, existe la intención de influir en el TEPJF con informaciones falsas, como la supuesta condena a Gómez Urrutia, cuando en realidad el laudo es contra el sindicato.

No duda, recalcó, que Grupo México y su propietario, Germán Larrea, estén metidos en la difusión que se dio al laudo, que fue publicado antes de que se notificara al organismo gremial y a sus representantes jurídicos.

Filtración y poder económico

Apenas ayer, detalló, el expediente con más de 600 cuartillas llegó al Bufete De Buen, pero un día antes la resolución, con interpretaciones falsas fue filtrado a algunos medios de comunicación. ¿Cómo se explica que un diario conozca el contenido del laudo antes que el Sindicato Minero, que es el demandado?, cuestionó.

Es parte, explicó, del gran poder económico de Grupo México, que ha planeado y financiado miles de demandas contra el Sindicato Minero en venganza contra Gómez Urrutia desde 2006.

Todo comenzó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, dijo, cuando el entonces presidente decidió privatizar la histórica mina de Cananea, pero puso como requisito que la empresa a la que se vendiera otorgara 5 por ciento de acciones a sus trabajadores.

El comprador fue Jorge Larrea, de Grupo México, quien aceptó esa obligación, pero luego se negó a entregar el paquete accionario a los mineros. El sindicato, encabezado por Gómez Urrutia, comenzó una lucha legal que se prolongó hasta 2006.

Ese año, Grupo México rechazó que los trabajadores fueran socios, pero aceptó el pago del equivalente a 5 por ciento de las acciones de Cananea y otras cuatro empresas, también privatizadas, al Sindicato Minero, por un total de 55 millones de dólares.

De Buen Unna señaló que Larrea comenzó entonces la guerra contra Gómez Urrutia, que en el ámbito laboral se tradujo en promover que trabajadores y hasta ex trabajadores demandaran al sindicato para obtener parte de los 55 millones de dólares.

Hay 24 juicios con demandas de miles de trabajadores y aunque en principio la JFCA decidió acumularlos, curiosamente separó algunos para resolver en favor de los demandantes justo en la actual coyuntura electoral. Grupo México tiene recursos para eso y más.

El asesor jurídico del sindicato recalcó que entre los demandantes hay trabajadores que ya recibieron la parte que les correspondía, otros que en su momento rechazaron esos recursos y algunos que no son mineros. Por ello, dijo, acudirán al amparo y pasarán muchos meses antes de que se resuelva el asunto.

Los 55 mdd del fideicomiso se repartieron en tiempo y forma, afirma la organización

Andrea Becerril

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana informó ayer que repartió en tiempo y forma los 55 millones de dólares que le entregó Grupo México en 2006, de los cuales 23 millones fueron repartidos entre trabajadores de Cananea y sus beneficiarios.

En relación con la interpretación que en algunos medios se dio al laudo emitido la víspera por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de que se condena a Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del gremio, al pago de los 55 millones de dólares, el Sindicato Minero sostuvo que eso es falso.

En un comunicado, precisó que Gómez Urrutia en 11 ocasiones fue absuelto en juicios penales por acusaciones falsas sobre el manejo del Fideicomiso Minero, en los que se resolvió que no hubo ningún daño patrimonial a los sindicalizados.

Lo que hay es una persecución política contra Gómez Urrutia, como incluso lo calificó la Interpol, en Lyon, Francia, de manera oficial.

De forma pormenorizada, el Sindicato Minero expuso que 23 millones de dólares fueron entregados a 5 mil 202 trabajadores o a sus beneficiarios; 1.5 millones se pagaron al fiduciario; 14 millones fueron embargados por la JFCA, y el resto seguía en cuentas del sindicato o se había utilizado en los gastos propios del mismo ante la falta de recursos ocasionada por la intromisión de diversos actores espurios.

Entre éstos, 2 millones de dólares a los abogados que por más de una década llevaron los procesos legales para la recuperación de los 55 millones de dólares.

Reto a los difamadores

La Convención General Extraordinaria del Sindicato Minero de abril de 2007 aprobó el informe de todos los gastos, erogaciones y manejo de los fondos relativos al multicitado fideicomiso.

Entre ellos, que el sindicato pagó 233 millones 539 mil pesos (equivalentes a 23 millones de dólares) a 5 mil 202 trabajadores o beneficiarios, mientras que otros 71 no cobraron los cheques, y 258 fueron cancelados por diversos motivos.

“En el indebido caso de que existiera alguna condena respecto del dinero del fideicomiso, deberá tomarse en consideración lo que ya se pagó por los diversos conceptos ya mencionados.

Se reta a Grupo México, a los que salen a difamar al Sindicato Minero, a la Secretaría del Trabajo y al gobierno federal en su conjunto, para que desmientan cualquier punto de lo que aquí se ha señalado, concluye el comunicado

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