Fernando Camacho Servín

Las descalificaciones del gobierno de México al informe presentado por Naciones Unidas sobre presuntos casos de tortura contra varias personas para que se autoinculparan por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es muestra de la sistemática actitud de negación de las autoridades ante las críticas de organismos internacionales.

Así lo afirmaron representantes de organizaciones civiles, quienes subrayaron que esa posición de endurecimiento no sólo busca negar la crisis de derechos humanos que vive el país, sino que trata de evadir la responsabilidad personal de ciertos funcionarios de la actual administración una vez que dejen sus cargos.

Carlos Ventura, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dijo que las críticas del Estado mexicano contra Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), forman parte de una estrategia sistemática de no aceptar informes o recomendaciones críticas.

Lo hizo cuando descalificó al relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, quien dijo que era práctica generalizada en México; también con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (del caso Ayotzinapa) y con otros mecanismos. Es práctica constante del Estado mexicano y eso es sumamente alarmante, deploró el activista.

Ventura consideró que esa radicalización no responde a otra cosa que a sus intereses de conservar el poder y negar las cosas malas que ha hecho, pero también está relacionada con el temor de que altos funcionarios del actual gobierno puedan ser acusados por violaciones a las garantías básicas.

Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, dijo que es preocupante la cerrazón del gobierno mexicano ante los informes que documentan la crisis de derechos humanos en el país, ya que se niega la realidad y se busca desacreditar a gran cantidad de especialistas y organismos.

Es aterrador que después del tiempo que lleva sin ser resuelto (el caso Ayotzinapa), ahora se quiera llegar al extremo de amenazar a la ONU-DH por este informe tan valiente. Duele mucho que a quienes han trabajado ahora se les acuse de algo que además es falso. No se puede acallar la voz de Jan Jarab, enfatizó.