Gustavo Castillo García

Esparza Flores presentó demanda ante la PGR en mayo de ese año

Abogados de Enrique Tarín y Gerardo Villegas, en enero

El MPF no ha acudido para la ratificación

Con testimonios falsos, la fiscalía de Chihuahua ha pretendido inculpar a funcionarios del gobierno de César Duarte Jáquez (izquierda) y al ex diputado federal suplente del PRI Enrique Tarín García (derecha) por peculado o desvío de recursos Foto Francisco Olvera y Roberto García Ortiz

Desde mayo del año pasado la Procuraduría General de la República (PGR) fue informada acerca de que personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua utilizaba testigos de identidad protegida y obtenía testimonios falsos para inculpar por delitos de peculado o desvíos de recursos a colaboradores del ex gobernador César Duarte Jáquez, y por ello se solicitó a las autoridades federales que iniciaran una carpeta de investigación.

El pasado 26 de enero, Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, dos ex funcionarios de César Duarte, presentaron sendas denuncias y hasta la fecha el Ministerio Público Federal no ha acudido para que los demandantes las ratifiquen.

La Jornada posee copia de la denuncia presentada ante la PGR por la defensa de Jesús Manuel Esparza Flores, ex titular de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, el 12 de mayo de 2017, en la cual señala haber sido informado de la existencia de la carpeta de investigación 19-2017-07007, en la que obra una declaración ministerial de fecha 18 de abril de 2017, rendida por una persona a la que se ha reservado su identidad con la clave de individualización S45MS-4FKJ125/2017.

Declaraciones falsas a cambio pago económico o inmunidad

En la denuncia se indica que “en la primera quincena de abril de la presente anualidad (2017) recibí una llamada telefónica por parte de Ever Eduardo Aguilar Sandoval, quien fungió como alto funcionario de la Secretaría de Hacienda estatal en la anterior administración, con el ex gobernador César Duarte, quien me refirió de manera conceptual lo siguiente:

“Que en conjunto con la fiscalía estatal (no habiéndome referido nombre de persona alguna) se estaban encargando del reclutamiento y logística de la implementación de los testigos con identidad reservada con la finalidad de incriminar a funcionarios de alto nivel de la administración anterior, sobre todo del ex gobernador César Duarte; me refirió que él se encontraba evaluando la alternativa y me invitó a integrarme al programa como testigo con identidad reservada; que no me pasaría nada, ya que todo estaba bajo control.

De igual forma, me manifestó que manejaba una lista o un censo de personas físicas ajenas al gobierno del estado, empresarios, servidores públicos que actualmente siguen laborando en el gobierno del estado y funcionarios, a quienes se les acercaban para ofrecerles suprimirlos de la lista de personas a las que se les generaría una carpeta de investigación a cambio de una compensación económica, o en su defecto, ir a declarar, literalmente, lo que se les pusiera enfrente.

Tras dar respuesta negativa a la propuesta, refiere la denuncia ante la PGR, me manifestó que me atuviera a las consecuencias.

En la actualidad Jesús Manuel Esparza Flores enfrenta cuatro cargos de peculado agravado por su presunta participación en transferencias ilícitas de recursos a la empresa Kepler Soluciones Integrales, por un total de 5 millones 475 mil 200 pesos.

Con esta denuncia ante la PGR suman tres casos acerca de testigos de identidad reservada.

Respecto de Gerardo Villegas Madriles y Antonio Enrique Tarín García, la esposa de este último refirió que a 13 días de que se presentó la denuncia ante la PGR solicitando que se abra una investigación acerca de la forma en que las autoridades de Chihuahua han integrado las carpetas de investigación en las cuales se acusa a su cónyuge y a Villegas Madriles de peculado agravado, el Ministerio Público Federal no ha acudido al Centro de Readaptación Social número uno Aquiles Serdán para la ratificación de la denuncia.

“Aún no hay ratificación, estamos en espera. Mi esposo sigue encerrado y con amenazas directas de que si no firma documentación con fechas desde su ingreso seguirá encerrado (23 horas al día). Esa documentación forma parte de los reportes que las autoridades del penal deben entregar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como parte de la investigación de las quejas.

El día de ayer (el miércoles) mi esposo recibió una visita de la fiscalía (del estado) en el penal para decirle que a raíz de mis declaraciones (denunciando que su esposo es objeto de presiones e incomunicación) abrió otra carpeta de investigación, señaló Luisa Fernanda Apodaca, esposa de Tarín García.