Gustavo Castillo

Agentes de la Policía Federal (PF) detuvieron de manera arbitraria a un hombre y privaron ilegalmente de la libertad a su esposa y sus tres pequeñas hijas en Tabasco, en noviembre de 2015. Él fue sujeto a tortura para que aceptara ser partícipe en un grupo que se dedica al robo de combustible y también fueron víctimas de esa práctica dos de las niñas y su madre.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llegó a esta conclusión tras investigar el caso. Agregó que pese a la existencia de una denuncia por esos hechos, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha realizado las acciones necesarias para investigar diligentemente los actos cometidos contra las víctimas.

Por este caso, la CNDH envió una recomendación tanto al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, como al subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales encargado de despacho en la PGR, Alberto Elías Beltrán, con la finalidad de que se reparen las violaciones a las garantías de esta familia.

Al respecto, mandos de la CNS confirmaron que la dependencia aceptará la recomendación, que será analizada en todos sus términos.

La CNDH acreditó que policías federales y funcionarios de la PGR incurrieron en violaciones a los derechos a la libertad personal, a la seguridad jurídica, a la justicia y a la integridad personal por actos de tortura, en agravio de cinco personas; así como a una vida libre de violencia y al interés superior de la niñez en agravio de las tres menores de edad.

El 6 de noviembre de 2015, cerca de las 13:30 horas, en el municipio Centro, Tabasco, los agentes federales llegaron al domicilio de esa familia y detuvieron a la mujer, su esposo y sus tres hijas.

Durante la privación ilegal de la libertad no se permitió que las menores pudieran ir al baño y se vieron obligadas a hacerlo en sus ropas; tampoco les proporcionaron alimentos. Fueron trasladadas a un lugar donde se les obligó a escuchar los gritos de dolor de su padre y abandonadas al día siguiente, a la una de la tarde, en una carretera estatal y amenazadas con causarles daño si denunciaban lo ocurrido. El hombre enfrenta proceso penal por su probable responsabilidad en delitos del orden federal.

“Al realizar diversas diligencias, la CNDH acreditó que la mujer y las niñas fueron privadas ilegalmente de la libertad, ya que no se les atribuía la comisión de delito alguno y con su detención se generó un acto de molestia que no estuvo fundado ni motivado por la autoridad responsable.

“Por lo que hace al padre, existen evidencias suficientes que permiten acreditar que fue detenido de manera arbitraria, ya que, si bien le imputaban la comisión de un ilícito, no se cumplieron los requisitos constitucionales para llevar a cabo su detención, además de que existió una dilación de 27 horas para ponerlo a disposición del Ministerio Público de la Federación”, señaló la CNDH en la recomendación.

Personal de la comisión aplicó estudios sicológicos a las víctimas y concluyó que hay elementos suficientes para acreditar que se cometieron actos de tortura contra dos de las pequeñas y su madre. Por otro lado, se comprobó que el hombre fue agredido física y sicológicamente para que aceptara los delitos que le imputaban.

Por lo que respecta al derecho de acceso a la justicia, se comprobó que la PGR no ha realizado las acciones necesarias para investigar diligentemente los actos cometidos contra las víctimas, luego de la denuncia de hechos presentada ante esa instancia el primero de diciembre de 2015, además de que un servidor público de la dependencia proporcionó a este organismo autónomo información no correcta sobre el caso.