Los involucrados son la PGR, el gobierno de Ciudad de México y la Comisión Nacional de Seguridad

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que elementos de las policías Federal (PF) y de Ciudad de México, así como funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) violaron una serie de garantías de decenas de ciudadanos durante las manifestaciones de apoyo por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se realizaron el 20 de noviembre de 2014 en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) y en el Zócalo capitalino.

El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez señaló que entre otras violaciones se cometieron detenciones arbitrarias y uso desmedido de la fuerza, incluso contra menores de edad. Criticó que pese a que en los hechos participaron personas embozadas que ejercieron violencia, las policías no actuaron contra ellas, como marcan sus protocolos, y por el contrario afectaron a otros manifestantes.

Por ello, emitió una recomendación dirigida a los titulares de la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad y del gobierno de Ciudad de México, por la violación a los derechos a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la libertad e integridad personal, al principio del interés superior de la niñez, al trato digno, acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la verdad, de reunión, asociación y libertad de expresión.

El primer acto se dio en las inmediaciones del AICM entre las 8 de la mañana y las 16:50 de aquel día, donde hubo 16 detenidos. Además de las violaciones documentadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su recomendación 16/2015, la CNDH determinó también la vulneración a otras garantías, como el principio al interés superior de la niñez y al trato digno de las personas mayores”.

El segundo momento se suscitó entre las 17 y las 23:30 horas en el Zócalo, lo que culminó con un violento desalojo de la totalidad de manifestantes. Esto tuvo como resultado 11 personas detenidas arbitrariamente y 78 lesionadas.

Acreditó el uso indebido de la fuerza que derivó en la afectación a la integridad y seguridad personal de diversas víctimas, atribuible a los elementos de la PF y de Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la capital; omisión en la descripción de lesiones que presentaron algunas víctimas; utilización de armas no letales en forma indiscriminada (gas lacrimógeno) contra los agraviados, lo que motivó que personal de la CNDH formara una valla, auxiliara y diera acompañamiento a personas para que no fueran agredidas, así como trato cruel, inhumano y/o degradante contra detenidos.

De las evidencias reseñadas y analizadas se advirtió que personal de la SSP y de la PF no atendió la condición de niñas, niños y adolescentes que se encontraban en compañía de sus progenitores en una manifestación pacífica al momento en que actuaron los elementos de seguridad, además de que transgredieron la integridad de personas mayores, asentó en la recomendación.