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Jesús Estrada

Advierten que la falta de escrituras ha provocado que particulares reclamen sus territorios

En una reunión ayer en esta ciudad, líderes de las comunidades nativas macurawe, rarámuri y ódami, de Chihuahua y Sonora, denunciaron ante Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el despojo de tierras, tala ilegal, amenazas del crimen organizado y violaciones a las garantías individuales.

La relatora especial de la ONU conoció los proyectos de desarrollo que han sido realizados sin consultar a los pueblos originarios, entre ellos el aeropuerto regional de Creel, el parque ecoturístico Barrancas del Cobre, el gasoducto Topolobampo-Ojinaga y la presa Los Pilares, en el alto río Mayo, en Álamos, Sonora.

En conferencia de prensa conjunta, integrantes de las etnias expusieron la necesidad de visibilizar el derecho a la propiedad de los pueblos originarios conforme a su organización, usos y costumbres, pues la falta de escrituras y documentos de sus tierras han permitido que sus territorios los reclamen particulares y los despojen.

La reunión entre la relatora especial y los representantes se realizó en una sede sin acceso a los medios de comunicación, para garantizar la seguridad de los activistas y líderes comunitarios, ya que algunos de ellos cuentan con medidas cautelares de protección.

También hablaron de las agresiones contra activistas. En Chihuahua, 14 de ellos han sido asesinados en los últimos 30 años; la mayoría indígenas cuya muerte se relaciona a la defensa de los territorios comunitarios.

El año pasado fueron asesinados Víctor Carrillo, Elpidio Torres y Valentín Carrillo. En enero de este año, Isidro Baldenegro López, activista rarámuri y defensor del bosque; semanas después Juan Ontiveros Ramos, líder comunitario del municipio de Guadalupe y Calvo.

Representantes de comunidades tepehuanes (ódami), ubicadas entre los límites de Chihuahua con Durango y Sinaloa, han sido víctimas de hostigamiento y amenazas por denunciar el despojo de tierras y actividades de tala ilegal.

En fechas recientes, varios líderes y activistas de la zona conocida como el Triángulo Dorado, localizado entre Chihuahua, Durango y Sinaloa, han solicitado su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.

Rarámuris en peligro

Asimismo, la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, conformada por diferentes organizaciones civiles, denunció los proyectos de desarrollo que afectan a poblaciones rarámuris de la región turística del municipio de Creel y el parque nacional Barrancas del Cobre.

Por ejemplo, están los daños al ecosistema y el desplazamiento de familias por la construcción del aeropuerto regional de Creel; la construcción del gasoducto Topolobampo-Ojinaga, y desarrollos inmobiliarios en Estación Divisadero, polo de desarrollo turístico a mitad de la ruta del ferrocarril Chihuahua-Pacífico.

Indígenas guarijíos (macurawe), habitantes de la cuenca del alto río Mayo, en Sonora, denunciaron ante Victoria Tauli-Corpuz el proyecto de construcción de la presa Los Pilares, en Álamos.

La obra hidráulica, aprobada a través de una consulta simulada con las comunidades, hará desaparecer bajo el agua el territorio ancestral que habitan cientos de familias. La construcción de la presa está en marcha y es impulsada por los usuarios del distrito de riego del río Mayo, el gobierno de Sonora y la Fundación México Sustentable.

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