El auditor Juan Manuel Portal (al centro), acompañado por los diputados Luis Maldonado Venegas y Maricela ContrerasFoto María Luisa Severiano

Con la presentación del segundo informe parcial de la revisión de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado irregularidades en el ejercicio de recursos federales por un monto acumulado de 51 mil millones de pesos, derivado de la realización de mil 166 auditorías. Tan sólo en lo que hace a las 664 auditorías que corresponden al documento entregado ayer, se ubicaron inconsistencias por 25 mil 197 millones de pesos.

Durante la presentación de su informe, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, señaló que, derivado de las diversas acciones realizadas en los pasados ocho años, se han presentado 848 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), lo que contrasta con las 24 que fueron interpuestas en el periodo 2002-2009. Tan sólo en octubre, la ASF interpuso 56 denuncias de hechos.

En el desagregado de las irregularidades detectadas y reportadas a la Cámara de Diputados, destaca que de los 51 mil millones de pesos observados, 39 mil 296 millones corresponden a observaciones realizadas a los 32 gobiernos locales, ya sea en el ejercicio del gasto federalizado –en sus diversos programas– o en el uso de las participaciones federales. En este último rubro, en 2016 fue la primera vez que la ASF realizó una fiscalización a su ejercicio, acorde con las nuevas facultades derivadas de reformas legales.

Conforme a la tendencia que se ha consolidado en los años recientes, la mayor parte de las irregularidades se detectaron en los gobiernos estatales. En lo que va de la revisión de la Cuenta Pública 2016 –el informe final se presentará en febrero–, la revisión del gasto federalizado y de las participaciones federales de los estados, arrojaron que 76 por ciento del monto total de recursos involucrados en las observaciones realizadas corresponden a los poderes Ejecutivos estatales.

Tan sólo el gobierno de Veracruz, durante el último año de gestión de Javier Duarte de Ochoa –que enfrenta juicios penales por irregularidades en su administración– ya concentra observaciones por un monto de 13 mil 543 millones de pesos, de los cuales poco más de 8 mil millones corresponden al paquete de auditorías presentadas este martes.

A pesar de ello, Portal destacó que uno de los mayores avances en el periodo ha sido la consolidación del Sistema Nacional de Fiscalización, que ha fortalecido la coordinación entre la ASF y las contralorías estatales. Uno de sus efectos en el corto plazo, aseguró, ‘‘lo constituye la tendencia a la baja de los montos observados en diversas entidades en la fiscalización del gasto federalizado’’.

Precisó que como consecuencia de las acciones realizadas a octubre se habían logrado recuperar mil 927 millones de pesos de las diversas observaciones realizadas a los entes fiscalizados. Con ello, en el periodo de 2001 y el reporte parcial de 2016, las recuperaciones acumuladas que ha logrado la ASF ascienden a 118 mil 456 millones.

En el informe presentado por Portal se da cuenta de 664 auditorías realizadas, con lo cual suman mil 166 en este año en el que por primera vez se adoptó la modalidad de realizar tres informes sobre la Cuenta Pública de 2016, cuando anteriormente se presentaba un informe con dos años de retraso. En febrero se presentará el acumulado de las mil 865 auditorías previstas, en el informe final correspondiente al gasto ejercido en 2016.

En el periodo del informe se da cuenta de dos auditorías de carácter forense, en donde de nueva cuenta existen triangulaciones irregulares en la asignación de contratos que involucran al estado de Zacatecas, la Universidad Politécnica de esa entidad, a Sagarpa y Conapesca. Con irregularidades que implicaron un daño patrimonial de 57.4 millones de pesos, se asignaron contratos a la institución que no contaba con el personal ni la capacidad técnica para realizarlos.

Otro caso similar se asocia al gobierno de Guanajuato, donde se involucra a la Comisión Nacional del Agua y la Universidad Técnica de Salamanca con operaciones similares a la que lleva años denunciando la ASF. En este caso, el daño patrimonial asciende a 45 millones de pesos.

En lo que pareció un informe de despedida de Portal –toda vez que a partir de noviembre se inicia el proceso de selección del auditor para el periodo 2018-2026, en el cual podría buscar la relección–, dio a conocer que como parte de las políticas públicas para combatir la corrupción, la Auditoría Superior ha jugado un papel destacado ‘‘por la adopción de un enfoque sistémico para abordar problemas estructurales complejos’’.

Portal señaló que si bien es cierto que la promoción de denuncias de hechos ante la PGR no representan un objetivo en sí mismo, el incremento ha sido resultado del fortalecimiento de los esquemas de fiscalización. Destacó la firma de un reciente convenio con la PGR, a fin de dar mayor seguimiento a las denuncias promovidas, ante la preocupación de legisladores sobre el desenlace de este tipo de acciones.

“Cabe destacar que el convenio mencionado es complementario a las acciones definidas en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, para avanzar en el establecimiento de condiciones que desincentiven la comisión de delitos.

‘‘De hecho, consideramos que este tipo de instrumentos deberían de ser replicados a escala estatal, con el fin de blindar la interacción de fiscalizadores con las autoridades encargadas de la procuración de justicia en el ámbito local.’’

Destacó que desde el año 2010, ‘‘ante la creciente percepción de corrupción, tomé la decisión de crear una dirección general que se encargara de llevar a cabo auditorías de tipo forense, con el fin de incluir esta metodología entre las alternativas para revisar el ejercicio presupuestal y contar con elementos adicionales que fortaleciesen la identificación de ilícitos’’, asentó.

Entrevistado al término de la presentación del informe, Portal fue interrogado sobre sobre si buscará la relección al cargo: ‘‘Yo termino un nombramiento que termina el 31 de diciembre. Ese fue lo que acepté. Si la Cámara de Diputados quiere hacer otra cosa, que me avisen’’.

–¿Si en la Cámara de Diputados le dicen que vaya por otro periodo?

–Lo pienso, quiero escuchar qué hay en la opinión publica, en la Cámara de Diputados. ¿A alguien le gustaría que entrara a fuerza? ¿No verdad? Me espero, veo cómo están las cosas y luego decido. Si no, vendrá otro auditor.