César Arellano García

Sus datos personales, profesionales y fotografías no podrán ser publicados, ni se le considera delincuente

El juez decimosexto de distrito de amparo en materia penal, con sede en Ciudad de México, otorgó una suspensión provisional a la directora y dueña del Colegio Rébsamen, Mónica García Villegas, para que no sea privada de la libertad y contra cualquier orden de aprehensión por autoridades de procuración de justicia capitalina debido a las imputaciones en su contra, entre ellas, dos averiguaciones abiertas: una por presentación de documentos falsos y otra por violación de uso de suelo.

Sin embargo, le fue negada la suspensión contra el aseguramiento del inmueble por la procuraduría capitalina sobre el dictamen en materia de ingeniería que ordenó realizar la delegación Tlalpan. El juez citó a García Villegas para que asista el 16 de octubre a una audiencia incidental.

El amparo promovido por la dueña del colegio también la protege para que sus datos como estatus de vida personal, profesional y fotografías no sean publicados y las autoridades responsables ‘‘tomen las medidas pertinentes para que no sea considerada una delincuente ante los medios de comunicación, sin prejuicio de que los responsables generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública’’.

De acuerdo con el expediente 837/2017, el juez federal facilitó la protección de la justicia a García Villegas para evitar su detención. En la carpeta de investigación CI/FEDAPUR/A/UI-2 C/D/00111/02-2017, la dueña del colegio ya fue citada a declarar como testigo en la procuraduría capitalina.

La Jornada publicó que García Villegas negó a los padres con hijos lesionados por el derrumbe de la escuela acceso a los seguros de gastos médicos supuestamente contratados por el plantel, argumentando que pretendían obtener un doble beneficio. La razón esgrimida por la directora fue que varios niños habían recibido atención gratuita en el Hospital Ángeles Acoxpa desde el día del temblor.

En ese entonces, varios paterfamilias pugnaron por el pago de indemnizaciones por seguros de vida y de gastos médicos, los cuales les fueron prometidos cuando inscribieron a sus hijos. Sin embargo, recibieron como respuesta de miss Mónica, como se le conoce en la comunidad, que pretendían obtener un beneficio doble y tampoco les dio información sobre cuáles eran las compañías contratadas ni datos de las pólizas.

En su edición impresa del 26 de septiembre este diario publicó que el citado colegio se convirtió en ‘‘una trampa imposible de desalojar y de recibir auxilio después del temblor’’. En dicha nota, Evelyn de la Cruz, única mamá que estaba en la puerta a las 13:14 horas de ese martes 19 de septiembre, y que resultó herida, hace una crónica de cómo perdieron valiosos minutos en abrir un portón eléctrico controlado desde un conmutador del edificio que se derrumbó, una pequeña puerta bajo llave y otra más de emergencia, tapada por autos.

A principios de octubre, la directora del colegio debió presentarse a la cita que tenía en la Procuraduría General de Justicia capitalina, pero no lo hizo a pesar de que ya le habían enviado un segundo citatorio.