Alonso Urrutia

Las conclusiones de la auditoría realizada por la Secretaría de la Función Publica (SFP) a las obras del Paso Exprés de Cuernavaca arrojaron 22 irregularidades que abarcan prácticamente toda la cadena del proceso, desde la licitación hasta el pago en exceso a las empresas en una obra que costó el doble de lo previsto.

El monto total involucrado asciende a mil 34.4 millones de pesos, que casi equipara el costo original de la obra, que ascendía a mil 45 millones y que finalmente se disparó por arriba de los 2 mil millones de pesos.

En las conclusiones que le fueron notificadas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Función Pública advierte un conjunto de irregularidades, de entrada, en los procedimientos de licitación y/o adjudicación; trabajos ejecutados sin comprobación documental; pagos en exceso; inadecuada planeación y programación de la obra y los servicios relacionados con la misma; mala supervisión de los trabajos, y del servicio de coordinación del proyecto.

Omisiones técnicas

Asimismo, se reportó omisión a las recomendaciones técnicas durante la ejecución de los trabajos en el kilómetro 93+857, deficiencias en el manejo y control de las bitácoras de obra y servicios relacionados con la misma, así como falta en la elaboración del finiquito de contratos. Prácticamente en cada etapa del proceso de construcción se detectaron las irregularidades.

La SFP subraya que ‘‘las tres áreas auditadas fueron notificadas de los resultados obtenidos y, de acuerdo con el marco jurídico, disponen de 45 días hábiles para atender los hallazgos. En aquellos casos donde se identifique una conducta indebida de servidores públicos o no se atiendan dichas observaciones conforme a las disposiciones aplicables, se iniciarán los procedimientos de responsabilidad correspondientes’’.

La auditoría fue originalmente anunciada en el contexto del creciente escándalo desatado tras el surgimiento del socavón en el que perdieron la vida dos personas. Ante los cuestionamientos a la SCT y su titular, Gerardo Ruiz Esparza, por su responsabilidad en el hecho, particularmente en una obra recién inaugurada entonces (abril pasado), el 14 de julio la Secretaría de la Función Pública informó que investigaría los pormenores de la construcción del Paso Exprés.

En su informe, la dependencia federal detalla que se revisaron los cuatro principales contratos de la obra: el 2014-17-CE-D-062-W-00-2014, realizado con las empresas Construcciones Aldesem SA de CV y Epccor SA de CV, con participación conjunta en la ampliación del libramiento de Cuernavaca denominado Paso Exprés, con un contrato original de mil 45 millones de pesos.

Sin embargo, a lo largo del proceso se celebraron cuatro convenios modificatorios –entre la SCT y las empresas– al contrato original firmado en noviembre de 2014, que incrementaron el precio hasta mil 796 millones de pesos, si bien la SFP no detalla si fue en esta asignación donde se realizaron los pagos en exceso.

Algunos argumentos que justificaron el aumento del costo de la obra, plasmados en los convenios fueron: ‘‘La problemática social que se ha tenido y las interferencias en la construcción originadas por la modificación de condiciones ambientales de la zona en la que se realizan los trabajos, así como el retraso en la autorización, por parte de las autoridades municipales de Cuernavaca, de los permisos ambientales’’ y ‘‘adecuaciones al proyecto’’, entre otras.

Otro de los contratos auditados fue el de la supervisión de la obra (15-Q-CF-AA-001-Y-0-15), realizado con Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología SA de CV, por un monto de 42.5 millones de pesos. Un tercer contrato auditado fue el 2015-17-CE-D-020-W-00-2015, celebrado con SACC Ingeniería SA de CV por un total de 38.5 millones y finalmente el 2015-17-CE-D-036-Y-00-2015, efectuado con Desarrollo Integral y Productividad Empresarial SC, de 7.2 millones de pesos.

En agosto pasado, en un primer reporte la SFP informó que se habían iniciado procedimientos sancionatorios en contra de tres funcionarios de la SCT, porque no atendieron comunicaciones enviadas por instancias municipales, estatales y de organizaciones vecinales alertando del riesgo. ‘‘Al no acreditarse una adecuada atención a las mismas, y ante evidencia de actuaciones negligentes, se acreditó posible responsabilidad de tres servidores públicos de la SCT’’, reportó entonces la Función Pública.