Alonso Urrutia

Ante la crisis que enfrenta el Congreso de la Unión, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) solicitó en una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, ‘‘evaluar la pertinencia de nombrar un procurador general de la República de transición y de consenso, que con el mismo carácter se convierta en fiscal general’’.

En el documento plantea: ‘‘En el periodo de transición que al efecto se establezca, redefinir el marco constitucional de la fiscalía, considerando las propuestas de los diversos actores y grupos sociales’’.

Los comisionados hacen particular énfasis en la polémica por el ‘‘pase automático’’ para que el actual procurador, Raúl Cervantes, pudiera acceder al cargo de fiscal: ‘‘Es público que la idoneidad del actual procurador para ocupar el cargo de fiscal (…) ha sido duramente cuestionada por múltiples actores y grupos sociales y ha provocado encono’’.

Esta situación se ha agravado con lo que prevalece en el Congreso y ha desatado ‘‘una crisis indeseable en México’’, que requiere pugnar por acuerdos estructurales que ‘‘aseguren la civilidad política’’ en el proceso electoral que se inicia este viernes.

Los ciudadanos –advierten– deben contar con la seguridad de que el poder público satisfaga los estándares constitucionales para la persecución de delitos, la impartición de justicia y el combate a la corrupción.

‘‘Nuestra propuesta es que con apertura y enfoque plural se diseñe el perfil del fiscal, sobre todo en un momento en que su designación se encadenará y servirá de modelo para los nombramientos del fiscal y magistrados anticorrupción y auditor superior de la Federación, así como de los funcionarios de las entidades federativas que sean equivalentes’’.