Alonso Urrutia

En la construcción de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se incurrió en una serie de irregularidades que, por ahora, ha arrojado un presunto daño patrimonial por 11.1 millones de pesos. Éste deriva de haber liquidado un contrato sin verificar la calidad del producto entregado –8.8 millones de pesos– y eximir de sanciones a empresas proveedoras, pese a los retrasos e incumplimientos en el contrato, concluye la verificación realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016, el organismo reportó trasgresiones a la normatividad en la licitación, pues la propuesta ganadora, integrada por Intellego, Dotted Cloud e IDS, plantea un desarrollo del proyecto 3.5 por ciento arriba de lo presupuestado. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) realizó un irregular ajuste a la baja de los objetivos para entregar el contrato, a pesar de que había propuestas que se ajustaban al presupuesto.

La auditoría a la PNT que desarrolló el Inai reporta gran cantidad de inconsistencias que incluyen, además de los problemas administrativos, la herencia de un sistema que adolece de muchas fallas. La ASF solicita la aplicación de responsabilidades administrativas a los funcionarios que participaron en licitaciones, pagos y verificación del desarrollo del programa. También cuestiona la falta de actualización del Inai en sus procedimientos de licitaciones y contrataciones.

Al desglosar las deficiencias de la PNT, destaca: continuamente se presenta indisponibilidad de la PNT, aun cuando sea un periodo de carga de información; menús desplegables que se cierran de forma espontánea impidiendo al usuario seleccionar una opción, así como errores de diseño.

En las peticiones de acceso hay deficiencias: cuando se hacen solicitudes a 33 sujetos obligados en una misma petición el archivo adjunto sólo llega al primero; no se cuenta con documentación que indique que se realizaron pruebas de usuario previas al lanzamiento de la PNT; no genera estadísticas por entidad y a escala nacional, y los estatus en los semáforos que indican el estado de una solicitud no cambian.

Subraya omisiones importantes, pues el Inai no cuenta con la totalidad de las pruebas requeridas en el anexo técnico y, de las que se entregaron, carecen de fecha de elaboración, por lo que no se puede asegurar que hayan sido realizadas durante la vigencia del contrato. Tampoco se identificaron pruebas hechas en conjunto con los Órganos Garantes ni con sujetos obligados.

La ASF desglosa donde debió imponer sanciones y no se hizo: Integración a la PNT de las solicitudes de acceso a la información; integración a la PNT del Sistema de Obligaciones de Transparencia; incorporación a la PNT del Sistema de Medios de Impugnación; integración a la PNT del sistema de comunicación entre órganos garantes y sujetos obligados. Todos ellos, entregados fuera de la fecha y sin sanción alguna, aunque en las dos etapas de desarrollo del proyecto se liquidaron los pagos de 9.6 y 8.8 millones de pesos.

La ASF concluye que se presume probable daño o perjuicio, o ambos, al erario por 2.3 millones de pesos por no aplicar penalizaciones a los proveedores Intellego, en propuesta conjunta con Dotted Cloud.