Alonso Urrutia

En el contexto de la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP), el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, sostuvo que el desempeño del servicio público no pasa sólo por un adecuado desempeño, sino implica garantizar el respeto a derechos fundamentales como práctica recurrente. Destacó que ha mejorado el nivel de sanciones a funcionarios producto de recomendaciones, al pasar de 21 entre 2014 y 2015, a 96 entre 2016 y 2017.

González Pérez destacó que ‘‘la falta de credibilidad y confianza de la sociedad en las instituciones demanda de las autoridades realizar un ejercicio debido, eficaz y eficiente de la función pública, que con base en resultados ponga en evidencia un compromiso irrenunciable con el cumplimiento y aplicación de la ley, así como con la integridad y la probidad’’.

En su oportunidad, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, reconoció que en el servicio público se debe ‘‘dar a los derechos humanos el lugar que les corresponde dentro de todo el proceso de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, de todas, no sólo de aquellas explícitamente orientadas a la defensa o promoción de los derechos humanos’’.

Tras considerar que la CNDH debe ser un aliado para el gobierno federal, Gómez aseveró que es en la vigencia de esos derechos, ‘‘y en la garantía que da el gobierno, que las instituciones públicas adquieren su legitimidad’’.

A su vez, González Pérez destacó la necesidad de que en aquellos casos donde se ha determinado que existen violaciones a los derechos humanos, la justicia esté en favor de las víctimas para que la reparación sea efectiva. Lo anterior ‘‘depende de la pertinencia y oportunidad con que se instrumenten y resuelvan los procedimientos para la determinación de sanciones administrativas que se lleven a cabo’’.

En caso contrario, agregó, se contribuye a la impunidad, se imposibilita que sea efectiva la rendición de cuentas y se victimiza de nueva cuenta a quienes vieron violentados sus derechos. Subrayó que los mecanismos y estructuras burocráticas pueden constituirse en obstáculos para la labor de la CNDH.