Gustavo Castillo García

La Procuraduría General de la República (PGR) ha pagado 46 millones de pesos como recompensa por información que llevó a la detención de ocho delincuentes; sin embargo, desde 2011 no hay registro de que alguno de sus ofrecimientos haya dado resultados y entre los rubros pendientes está la información que lleve a la captura de involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cinco periodistas y múltiples casos de ciudadanos desaparecidos.

De acuerdo con el oficio PGR/UTAG/02070/2017, de fecha 30 de marzo de 2017, la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental informó que el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) localizó ‘‘únicamente’’ ocho casos en los que la dependencia pagó alguna recompensa.

El primer pagó se realizó a dos personas en enero de 2010, por un millón 332 mil pesos, con base en el acuerdo A/297/10, en el que se ofrecía hasta un millón 500 mil por información que llevara a la detención de Jesús Armando Acosta Murillo, El Mata, integrante de una banda de secuestradores que operaba en Sinaloa. El Mata fue detenido en junio de 2011 en Veracruz. Cada uno de los denunciantes recibió 666 mil pesos.

El segundo caso fue en noviembre de 2010. Como parte del acuerdo A/134/2010, la PGR pagó 3 millones de pesos a una sola persona. Esto llevó a la detención de Luis Humberto Rubio González y su hermano Ubaldo, integrantes del cártel de Juárez que formaban parte del grupo conocido como La Línea.

En febrero de 2011, la PGR pagó a una sola persona 30 millones de pesos por información que llevó a la captura de Sergio Villarreal Barragán, El Grande, uno de los líderes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. El narcotraficante fue detenido en septiembre de 2010.

Para marzo de 2011, el Ministerio Público Federal entregó 4 millones de pesos a una persona por información que llevó a la detención de César Vicente Fabregat, integrante de una organización criminal en la que el detenido se dedicaba al lavado de activos. En agosto de 2011, la PGR entregó a una persona un millón 50 mil pesos por información que llevó a la aprehensión de Ángel Cisneros Marín, del cártel de Los Rojos.

En septiembre de 2011 se pagó un millón de pesos a una sola persona por información que llevó a la aprehensión de Cándido Ortiz González, uno de los líderes de Los Rojos, acusados del secuestro y homicidio de la joven Silvia Vargas Escalera.

El último pago registrado se otorgó en noviembre de 2011 por 10 millones de pesos a una sola persona por datos que llevaron a la captura de Mario Alberto Zúñiga Serrrano, partícipe en la desaparición de varios menores que habían sido entregados en custodia a la organización Casitas del Sur.

Las recompensas son parte del acuerdo del 3 de febrero de 2010; allí se señalan las bases para pagos y los montos. Uno de los argumentos para determinar el monto, que irá de 100 mil hasta 30 millones de pesos, será la ‘‘trascendencia del caso o el grado de dificultad para obtener la información que permita localizar y detener a la persona y la gravedad o el número de conductas delictivas por las cuales se investiga o que se le imputan, y el riesgo que implican para la seguridad de la sociedad y las instituciones del Estado’’.