Israel Rodríguez

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, estimó que el quebranto para las finanzas públicas por el robo de combustibles asciende a unos 20 mil millones de pesos anuales, equivalentes a casi mil millones de dólares.

En esta problemática, dijo, se analiza la probable participación de empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), de autoridades municipales, de grandes grupos de transportistas y gasolineras.

En entrevista televisiva, el funcionario señaló que para combatir este ilícito se requiere de una estrategia integral, y explicó que la participación de Hacienda en el combate a este ilícito tiene dos vertientes muy importantes.

‘‘Parte del robo de combustible se traduce en que recaudamos menos impuesto especial sobre producción y servicios, y además parte de algunas prácticas comerciales en gasolineras, cuando venden litros incompletos implican un proceso de defraudación fiscal.’’

Al observar la experiencia internacional, Meade afirmó que el ilícito sólo se puede detener si tenemos una estrategia integral. ‘‘Esto es, está Hacienda para perseguir el tema de evasión en los puntos donde se vende la gasolina robada, y al centro de la estrategia está Pemex cooperando; además, tenemos presencia de fuerza pública con la Procuraduría General de la República bien coordinada con el Estado’’.

Informó que en el mes de abril se detectaron 13 estaciones de servicio ‘‘donde hemos identificado alto potencial de defraudación y muy posiblemente la presencia de gasolina robada’’.

Indicó que todas estas autoridades están participando para poder desplegarnos de manera integral usando tecnología, presencia física, utilizando los instrumentos del Servicio de Administración Tributaria, de inteligencia financiera, de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la fuerza pública, todo ello en coordinación con los estados para ir enfrentando este grave problema. Asimismo, el robo de combustible descompone el tejido social y genera un problema para el erario, para la comunidad, para el Estado y en general para todos aquellos que están cerca de un fenómeno que, encima de todo, es terriblemente peligroso.

Comentó que algunas gasolineras que habían sido clausuradas y tenían un año cerradas seguían vendiendo gasolina robada. ‘‘Tenemos un centro de reacción establecido en Puebla, coordinado con el estado, desde donde vamos armando los operativos cada vez que se identifica una picadura de ducto; estamos redoblando esfuerzos: Pemex está aportando más recursos, más tecnología, más inteligencia al control de los ductos; tenemos presencia permanente en agencias del Ministerio Público’’.

Mencionó que es muy probable que en ese delito haya participación de empleados de Petróleos Mexicanos. La empresa petrolera ‘‘está implementando esquemas de rotación y estamos trabajando con ella para identificar si pudiera haber gente involucrada, lo cual es muy probable, pero estamos viendo también participación de autoridades municipales, en algunos casos gasolineras y gran transporte’’.

Esto, agregó, es un fenómeno en donde tenemos que enfrentar la oferta y la demanda y la estrategia recoge los dos elementos. Informó que las primeras seis gasolineras que vendían gasolinas robadas se ubican en varias entidades, las últimas seis en Puebla, ‘‘que es donde vemos la mayor concentración de este fenómeno, pero también está creciendo en Guanajuato y en Veracruz’’.

Recordó que se aprobó una iniciativa muy importante para hacer más fácil perseguir el delito, porque encontramos algunas lagunas en donde el robo es ilegal, pero en lo que hace a la posesión de la gasolina el Estado se ve imposibilitado de ejercer una acción judicial’’.