José Antonio Román

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó los insuficientes avances del Estado mexicano en el cumplimiento de las recomendaciones presentadas desde diciembre de 2015 sobre casos en los que persisten violaciones graves a los derechos humanos, incluso con la colusión de autoridades con el crimen organizado y una impunidad casi generalizada.

Advirtió que en este tiempo prácticamente ha sido ignorada la recomendación de desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y la recuperación de éstas por las policías civiles.

En su informe anual 2016, en cuyo capítulo quinto incluye el seguimiento a las recomendaciones enviadas a varios países de la región, entre ellos México, la CIDH señala que el número de operaciones de vigilancia del territorio, espacio aéreo y mares nacionales por las fuerzas armadas, ya sea Ejército o Marina, se incrementó 26.5 por ciento entre el primero de septiembre de 2015 y el 31 de julio de 2016, según datos oficiales.

Tampoco existe, agrega, un plan específico para el fortalecimiento de la capacidad de las policías civiles con la finalidad de realizar las tareas de seguridad pública conforme a los estándares internacionales en derechos humanos.

En 87 páginas, el informe sobre México repasa las recomendaciones en temas de seguridad, tortura, desapariciones forzadas y por particulares, ejecuciones extrajudiciales, acceso a la justicia, derechos de la comunidad lésbico-gay, de las mujeres, niños y adolescentes, indígenas y migrantes.

Analiza brevemente los casos de ejecuciones de Tlatlaya, Apatzingan y Tanhuato, la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayoztinapa, Guerrero, y el mecanismo de seguimiento implementado por la propia CIDH para este caso particular.

En todos los casos, tanto en los primeros como en los últimos, hay diversas y múltiples omisiones e incumplimiento de las recomendaciones, afirma.

Para 2016 continúan siendo de especial preocupación los elevados números de desapariciones, de homicidios sin una debida investigación, así como las denuncias de tortura, la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestos por razones de discriminación histórica o por sus actividades, como las mujeres, la niñez, las personas migrantes, pueblos indígenas, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos, dice el reporte de seguimiento.

Si bien reconocie que hay avances legislativos, la CIDH considera que el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y el reconocimiento a los derechos humanos con la realidad que experimenta gran número de habitantes cuando buscan justicia pronta y efectiva.

La CIDH realizó una visita in loco entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre de 2015, y el 31 de diciembre del mismo año emitió el informe Situación de derechos humanos en México, en el que planteó varias recomendaciones al gobierno mexicano, a las que se refiere el reporte de seguimiento.

En ese tiempo, entre otras cosas, el Informe de país de la CIDH señaló que México atraviesa una grave crisis de violencia e inseguridad desde hace varios años; identificó situaciones de violencia que aumentaron durante el gobierno del presidente Felipe Calderón y el inicio, en 2006, de la llamada guerra contra el narcotráfico, hasta alcanzar niveles alarmantes.

Según ese informe, la respuesta del gobierno mexicano ante el aumento de la violencia fue incrementar la participación de las fuerzas armadas, práctica que continuó con el cambio de administración en diciembre de 2012.