Angélica Enciso L.

En los estados donde este año habrá elecciones reside 25 por ciento de los mexicanos en pobreza, potenciales beneficiarios de programas sociales, cuyo uso electoral el gobierno federal busca evitar por medio del llamado blindaje electoral con medidas basadas en la legislación en la materia, pero hay dudas de su efectividad. Este esquema se estableció desde 1991, con Carlos Salinas como presidente, y se aplica cada vez que hay elecciones federales o estatales.

El monto económico que se emplea en los programas no es menor: durante los primeros cuatro años del actual sexenio se han destinado 390 mil millones de pesos por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); esto es 40 por ciento más que en la administración anterior y significa que tres de cada 10 mexicanos reciben los apoyos.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), durante las campañas políticas los funcionarios no pueden difundir resultados de sus gobiernos ni condicionar la entrega de los recursos de programas públicos al voto o suspender la entrega de los recursos de los programas, entre otras medidas.

El primer antecedente de blindaje electoral se dio en 1991, cuando se creó la contraloría social a cargo de ciudadanos que vigilaban y fiscalizaban el uso de recursos públicos, recuerda Incide Social. Esta figura fue retomada por José Antonio Meade, ex titular de Sedesol, para la jornada electoral de 2016.

Aun con blindaje electoral, en 2013, cuando Rosario Robles estaba al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, en Veracruz trabajadores del programa Oportunidades (hoy Prospera), empleados de la dependencia en el estado y encargados del plan denominado 65 y más, planearon operar los programas en favor del PRI, de acuerdo con audios que se divulgaron ese año.

En este 2017 se ha destacado la presencia de funcionarios del gobierno federal en el estado de México –donde se elegirá gobernador el 4 de junio– para el anuncio de programas y la entrega de apoyos.

Por parte de la Sedesol, han acudido subsecretarios, ya que el titular, Luis Enrique Miranda, se comprometió ante legisladores a no asistir a los estados donde habrá elecciones. En Nayarit se elegirán gobernador, ayuntamientos y diputados locales; Coahuila, gobernador, y Veracruz renovará 212 ayuntamientos.

El blindaje electoral para este año tiene como objetivo prevenir que los recursos públicos no se utilicen para fines distintos a los establecidos en los programas, suspender la propaganda gubernamental e inhibir que se incurra en violaciones a las normas penales, administrativas y electorales. Todo esto de acuerdo con lo que establece la Fepade.

Para Incide Social, los programas son una necesidad apremiante ante la pobreza del país, por lo que la transparencia sobre su manejo, la forma en que se aplican y los criterios para la selección de beneficiarios, son aspectos fundamentales para evitar su posible uso con fines electorales.

Edomex, espejo

En el estado de México, 49.6 por ciento de sus habitantes vive en pobreza, esto es, 8.2 millones; en Veracruz (donde se renovarán alcaldes) es 58 por ciento, 4.6 millones de personas; Coahuila, 30.2 por ciento, 885 mil, y en Nayarit llega a 40.5 por ciento, 553 mil habitantes, de acuerdo con la Medición de Pobreza 2014, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

En el informe denominado Blindaje electoral a programas sociales, Incide Social señala que los programas, tanto locales como federales, todavía se encuentran en una etapa donde pueden ser utilizados como herramienta para conseguir votos.

‘‘Se siguen dando malas prácticas por algunos servidores públicos y aún más en las entidades federativas, donde los programas de blindaje electoral distan mucho de lo aplicado a escala federal, por lo que una igualdad en los criterios en su aplicación por parte de las autoridades estatales podría mitigar el uso de los programas sociales en favor de un candidato o partido político’’.