Víctor Ballinas

El comité ciudadano que evalúa a los aspirantes a la fiscalía anticorrupción entregó ayer a los presidentes de las comisiones senatoriales de Justicia, Pilar Ortega (PAN) y de Anticorrupción, Héctor Yunes (PRI), los nombres de cuatro aspirantes de un total de 23 examinados.

Se trata de César Alejandro Chávez Flores, José Bernardo Rafael Espino del Castillo Barrón, Miguel Ángel González Félix y Manuel Luciano Hallivis Pelayo. Tres cuentan con amplia experiencia en la Procuraduría General de la República (PGR) y en el servicio público federal, y uno más es el actual presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Chávez Flores, ex visitador general de la PGR, fue relevado luego de que en un documento sobre el caso Ayotzinapa pidió ‘‘no dar por válido el informe de Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, ya que violó el debido proceso, manipuló y sembró pruebas’’.

A su vez, Espino del Castillo Barrón laboró en el órgano interno de control de Pemex; en la PGR ha sido coordinador general de delegaciones, director de amparo, coordinador de asesores del subprocurador de control regional en el estado de México y delegado regional del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas en Sinaloa. Además, laboró en la Secretaría de Gobernación, en el Issste, así como en las secretarías de Comunicaciones y Reforma Agraria. Desde 2015 es director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

Por su parte, González Félix tiene una carrera de 27 años como embajador; de 2002 a 2007 fue coordinador de asuntos internacionales y agregaduría de la PGR; fue el principal negociador mexicano en temas de justicia de Europa y América Latina. Dirigió el programa México-Estados Unidos-Unión Europea por el fortalecimiento de la justicia; fue negociador del tratado de asistencia jurídica con Suiza y representó al país en negociaciones legales y políticas en diversos países.

De su lado, Hallivis Pelayo fue coordinador de asesores del secretario general del IMSS, coordinador de asesores del director general de la Comisión de Aguas del Distrito Federal y magistrado y actual presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

El comité ciudadano manifestó que la nueva instancia debe desahogar cientos de denuncias de corrupción, ya que ‘‘hay 700 de la Auditoría Superior de la Federación que no han sido atendidas por la PGR’’.

También se deberán sentar las bases organizacionales y presupuestarias de planeación de la nueva fiscalía, que tendrá una duración de 18 meses, ya que concluye el 30 de noviembre de 2018. A partir del primero de diciembre de ese año el fiscal general nombrará al fiscal anticorrupción.

En tanto, en sus comparecencias, los aspirantes coincidieron en la necesidad de otorgar autonomía al fiscal anticorrupción, ‘‘ya que al depender del titular de la PGR y del Presidente de la República no se garantiza la investigación y sanción de la impunidad’’.