José Antonio Román

En la audiencia pública de este lunes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), diversas organizaciones y colectivos de la sociedad civil denunciarán la falta de voluntad política del Estado mexicano para abordar y atender el tema de desaparición de personas, que en la década reciente ha tomado dimensiones como nunca en la historia reciente.

Esta falta de voluntad política se evidencia en la enorme demora en la dictaminación y aprobación de una ley general de desaparición forzada y desaparición por particulares, que debió estar lista desde el pasado 6 de enero, fecha en que venció el plazo constitucional de 180 días que se dieron los mismos legisladores para su aprobación.

Este lunes, en el contexto de la 159 sesión de la CIDH, a realizarse en Panamá, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México –conformado por más de 35 colectivos de familiares de personas ausentes– y Fundar Centro de Análisis e Investigación, evidenciarán que las desapariciones en el país son generalizadas y no un fenómeno aislado, como pretende presentarlo el Estado mexicano.

En dos años, 6 mil 300 nuevos casos reportados

A las estimaciones de las organizaciones no gubernamentales de que en el país cada hora desaparece una persona, se suman las cifras oficiales, recientemente difundidas por el gobierno mexicano, en las que al cierre de octubre pasado se tenían ya 29 mil 903 expedientes de personas no localizadas, que representan 6 mil 300 casos más que los registrados hace dos años, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación.

Como organizaciones peticionarias, durante la audiencia pública, el Movimiento y Fundar pondrán especial énfasis en el tema de la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas, y en el aumento de las capacidades del Estado para la identificación de cuerpos y restos localizados en fosas clandestinas, el intercambio de información interinstitucional, y el Registro Nacional de Personas sin Identificar. Todos estos son planteamientos que han sido presentados por la sociedad civil para la elaboración de la ley que está pendiente todavía en el Senado.

Además, se advertirá que la inacción del Estado y la falta de sus capacidades, han llevado a los familiares de las víctimas de desaparición a emprender la búsqueda de sus seres desaparecidos, que los coloca en grave situación de riesgo.

En México la investigación en casos de desaparición de personas es dirigida por los familiares de las víctimas y las organizaciones civiles, quienes al asumir el rol del Ministerio Público investigador son criminalizadas por las propias autoridades, debido a que los resultados de las investigaciones señalan la responsabilidad directa del Estado, y su colusión con el crimen organizado, expresa parte del planteamiento que será presentada en la audiencia este lunes.

Incluso, se advierte que con frecuencia las líneas de investigación propuestas por las familias no son tomadas en cuenta por el Ministerio Público, pues muchas apuntan a la responsabilidad del Estado, por acción u omisión, en las desapariciones.

En este caso, las estrategias que el Estado utiliza para deslindarse y detener las investigaciones van desde declararse incompetente, cerrar las líneas de investigación y enviar el caso reserva, hasta declarar que los responsables y los desaparecidos han sido asesinados, y criminalizar a las víctimas.

En la audiencia pública, a la que asistirá una representación del Estado mexicano, también se abordarán las temáticas de derechos sindicales, soya genéticamente modificada y desplazamiento interno forzado. México, junto con Venezuela, es el país que mayor número de audiencias tiene en este esta sesión de la CIDH.