Como es de conocimiento público, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo vive desde hace cuando menos un lustro una crisis financiera y administrativa. Rectores van y rectores vienen, y dicha crisis en lugar de amainar se recrudece; las gestiones de los representantes legales de la Universidad han sido improductivas, y siempre justifican el déficit presupuestal con la idea de que el dinero se va en los salarios del personal jubilado de la Institución. Pero, contradictoriamente, cada nuevo rector siempre contrata nuevo personal de confianza y una gran cantidad de profesores interinos, a tal grado que, actualmente, este tipo de trabajadores se ha incrementado y han disminuido los trabajadores sindicalizados.

Derivados de estas crisis recurrentes, los trabajadores universitarios nos hemos visto en serios problemas, ya que en los últimos años los salarios y las prestaciones han disminuido o no son cubiertos en el tiempo legal establecido para ello. Cada fin de año fiscal o, en ocasiones, desde antes (agosto o septiembre de cada año), el rector en turno anuncia el déficit financiero y pretende lograr apoyos extraordinarios de la Federación, tomando como base compromisos de recursos económicos que una parte otorga la Federación y por otra el gobierno estatal; y, al fallar en ello el segundo, siempre nos ha colocado en plena desventaja a los trabajadores, colocándonos en un estado de indefensión lastimando el salario y las prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo.

En diciembre de 2018 por primera vez el gobierno federal y el estatal plantearon oficialmente la mutilación de nuestro contrato colectivo, condicionando la entrega de recursos extraordinarios para el pago de las prestaciones de ese fin año a la reforma del derecho a la jubilación. Esta condición se trató de cumplir en la firma del contrato de 2020, con la anuencia del Comité Ejecutivo General del SPUM, pero sin acuerdo de las instancias superiores, la Asamblea General, el Congreso General de Representantes y las asambleas seccionales. En la redacción firmada ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se alteraron sensiblemente las cláusulas 132 y 136 del CCT, mermando en detrimento de los trabajadores el derecho a la jubilación. Sin embargo, es falso que esa firma haya sido definitiva, pues se encuentra pendiente de resolución (sub judice) el juicio de amparo 274/2020 interpuesto en el Juzgado Primero de Distrito contra actos de la Universidad, el presidente de la JLCA y el representante del SPUM. Además, están vigentes los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica de la Universidad, que garantizan en sus términos el derecho a la jubilación.

Por otra parte, el gobierno estatal ha incumplido el convenio del 24 de diciembre de 2018 —que lo compromete a incrementar progresiva pero sustancialmente sus aportaciones financieras a la universidad—. La autoridad universitaria, por su parte, ha incumplido el denominado “Convenio mediante el cual se establecen las Condicionantes necesarias para que surta

efectos el Colateral Convenio Laboral que modifica las Cláusulas, 131, 132 y 136 del Contrato Colectivo de Trabajo Aplicable a los Trabajadores Académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo” que en su punto número 2 postula el establecimiento del programa de Regularización de materias interinas. Éste se encuentra en el olvido y no se ha llevado a cabo en ninguna escuela o facultad y lleva más de un año de atraso.

No alcanzaríamos a relatar todo el recuento de daños y reclamar aquí a las autoridades federales y estatales, pues cada una sabe en dónde y porqué incumple sus compromisos. Lo que queremos destacar es que quienes pagamos las consecuencias de esos incumplimientos somos los trabajadores y, en este caso, los académicos universitarios, lo que finalmente recae en perjuicio del proceso educativo y de la formación de nuestros alumnos.

Donde debemos hacer énfasis es en el incumplimiento de la autoridad universitaria con los académicos. El Rector, cuando tomó protesta del cargo, se comprometió a generar resultados óptimos en beneficio de los universitarios. Pero los hechos nos dicen otra cosa: no ha logrado gestionar recursos a tiempo, necesarios y suficientes que permitan avanzar a nuestra Universidad. En todo caso, los buenos resultados se deben a que los académicos y los trabajadores realizamos nuestras actividades con un esfuerzo que demanda sacrificios económicos. Así, hemos posicionado a nuestra Universidad entre una de las mejores del país, a pesar de ser la que menos recurso económico recibe por alumno. Por lo anterior, constatamos que el rector no trabaja de manera leal a la Universidad, ni brazo con brazo con los que si demostramos querer y respetar a nuestra gloriosa Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

A la problemática del retraso y la falta de pago de salario y prestaciones (aguinaldo, becas, anteojos y aparatos ortopédicos, pagos de marcha, seguros de vida reembolso de inscripciones, etc.), en el contexto de la emergencia sanitaria, se suma la irresponsable complicidad de la actual dirigencia del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), que en lugar de velar por los intereses de los agremiados y la solución a sus problemas, se ha dedicado a permitir y mantener sin reparar constantes violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y a la propia Ley Federal del Trabajo. Y, por si fuera poco, violentando ellos mismos la Declaración de Principios y el Estatuto del SPUM, situación que acusamos y condenamos. Esta vergonzante complicidad ha dado como resultado la creciente inconformidad de los académicos de escuelas, facultades e institutos universitarios y agremiados al SPUM.

Desde octubre de 2019, el Comité Ejecutivo General del SPUM (CGE), ha tomado determinaciones y ha permitido acciones contrarias al interés sindical, sin tomar en cuenta a los académicos sindicalizados que somos quienes, finalmente y de acuerdo con la ley, debemos adoptar las decisiones que impactarán a los integrantes del SPUM. Podemos referir entre estas tomas de decisión unilaterales y carentes de legitimidad, las siguientes: la modificación de los contratos colectivos de trabajo 2020 y 2021 (que, por cierto, amparándose en la pandemia, nunca fueron revisados bajo ni mucho menos avalados por las bases, por lo que carecen de valor legal); el proceso de atención para la reparación de violaciones contractuales; el incumplimiento de las

ya mencionadas prestaciones contractuales; también han firmado documentos del emplazamiento a huelga, y su consiguiente aplazamiento; han formado comisiones de trabajo al margen de los órganos de representación y dirección del Sindicato, como el Consejo General, al cual no han convocado desde hace ya un año; tampoco han rendido cuentas del estado general y financiero del Sindicato, incumpliendo así con la Ley Federal del Trabajo y el Estatuto sindical; tampoco han convocado al Consejo General, el Congreso General de Representantes, y mucho menos a Asamblea General, como se lo ordena el Estatuto del SPUM, entidades que deben marcar las directrices de las actividades del Sindicato.

Por lo anterior, las secciones sindicales de:

▪ Facultad de Agrobiología (Uruapan);

▪ Facultad de Arquitectura;

▪ Facultad de Bellas Artes;

▪ Facultad de Biología;

▪ Facultad de Ciencias Agropecuarias;

▪ Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas;

▪ Facultad de Derecho y Ciencias Sociales;

▪ Facultad de Economía;

▪ Facultad de Filosofía e Instituto de Investigaciones Filosóficas;

▪ Facultad de Ingeniería Eléctrica;

▪ Facultad de Ingeniería Civil;

▪ Facultad de Odontología;

▪ Facultad de Psicología;

▪ Facultad de Químico-Farmacobiología;

▪ Facultad de Salud Pública y Enfermería;

▪ Facultad de Tecnología de la Madera;

▪ Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia;

▪ Escuela Preparatoria José María Morelos y Pavón;

▪ Escuela Preparatoria Isaac Arriaga;

▪ Museo de Historia Natural;

▪ Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales;

▪ Instituto de Investigaciones Químico Biológicas;

▪ Departamento de Educación Física;

▪ Facultad de Ingeniería Química; y

▪ Departamento de Idiomas

Hacemos un enérgico llamado a las autoridades universitarias a cumplir con las obligaciones contraídas. Pero mientras subsista esta situación de incumplimiento, las diversas secciones mencionadas hemos tomado algunas o todas las siguientes acciones hasta que se cubran los adeudos:

1. 1. No iniciar el semestre febrero-agosto de 2021.
2. 2. No subir calificaciones del anterior semestre (agosto-febrero de 2020).
3. 3. Pausar y, en su caso, suspender las clases virtuales.
4. 4. Acudir ante las instancias legales para aclarar y, en su caso, deslindar responsabilidades por los errores detectados en el cálculo y la retención del ISR en perjuicio de los académicos.
5. 5. Rechazar la Reforma del Bachillerato Nicolaita, mientras no sea discutida ampliamente en todos sus aspectos por los docentes de las 7 escuelas preparatorias que lo integran.
6. 6. Elaborar mantas y colocarlas en las instalaciones de la Universidad y el Sindicato.
7. 7. Organizar acciones coordinadas para lograr ser atendidos y solucionados los problemas ya descritos.
8. 8. Difundir en medios y redes sociales la denuncia de la situación que nos aqueja.

Y, considerando la situación de inmovilidad del Comité Ejecutivo General del SPUM, y de éste a las instancias superiores de dirección, la de la defensa de los derechos laborales de los agremiados, y el incumplimiento de las autoridades universitarias de lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo UMSNH-SPUM, hemos dispuesto trabajar de manera colectiva dentro del marco legal y estatutario en defensa de nuestros intereses, ya que no nos sentimos representados por el Comité Ejecutivo General. Por ello, que en aras de nuestro Estatuto en su artículo 20, y 371 de la Ley Federal del Trabajo y demás relativos, estamos convocando a una asamblea del Consejo General para una fecha próxima, la cual se llevará a cabo por la vía virtual, donde se deberán tomar medidas para la defensa de los integrantes del SPUM, así como de nuestro Contrato Colectivo.