Eduardo Nava Hernández

“Toda mi solidaridad con Sergio Aguayo, libérrimo pensador, gran académico y amigo, hoy amenazado por la desvergüenza y la mendacidad”.

El engaño y la mentira, la simulación, el chantaje, la malversación y la violación de todas las normas laborales son los recursos con los que la Rectoría de la Universidad Michoacana, el gobierno estatal y, al parecer, funcionarios del gobierno federal, combaten la resistencia de los trabajadores para imponerles, a como dé lugar, una rechazada reforma a su régimen de jubilaciones.

No hay bajeza, infamia o transgresión a los que el rector Raúl Cárdenas Navarro, el gobernador Silvano Aureoles Conejo y posiblemente el subsecretario de Educación Superior Luciano Concheiro Bórquez no estén dispuestos a recurrir para sacar adelante su propósito de despojar a los trabajadores universitarios de la apreciada prestación que les permitiría una vejez digna y sin sobresaltos económicos.

 Han contado con la colaboración, de manera destacadísima, del comité ejecutivo del SPUM que encabeza (es un decir) el ingeniero Jorge Luis Ávila Rojas, el cual ha hecho un despliegue sin precedente de obsecuencia y sumisión ante las autoridades y de traición a sus representados.

 La intención de reemplazar el actual régimen jubilatorio de responsabilidad patronal, muy benéfico para los trabajadores, no es nueva.

 De tiempo atrás las autoridades han venido planteando que el déficit en el presupuesto universitario se debe, así sea parcialmente, al pago de las pensiones.

 Mientras tanto, rectores varios elevaron sus percepciones, realizaron masivas contrataciones, se aplicaron recortes al presupuesto en los años 2016 y 2017, se congelaron prestaciones y se ha incumplido con muchas de ellas.

Otros aspectos deficitarios no se han resuelto, como la falta de reconocimiento al bachillerato y a los albergues estudiantiles o el insuficiente subsidio por estudiante.

 La opacidad y deficiente rendición de cuentas han prevalecido en vastas zonas de la estructura universitaria.

 Mas el esfuerzo de la parte patronal se ha centrado en modificar los contratos colectivos para anular el sistema jubilatorio vigente y, según la última propuesta del Rector, sustituirlo por el consabido método de cuentas individuales de ahorro para el retiro que por doquier ha fracasado en asegurar a los trabajadores una pensión suficiente.

El motivo con el que ahora la parte gubernamental ha decidido lanzarse a fondo en sus propósitos es el convenio firmado el 21 de diciembre de 2018 por el entonces rector Medardo Serna con el gobierno estatal y con el federal para obtener de este último un financiamiento extraordinario por 500 millones de pesos para cubrir los salarios y prestaciones de ese fin de año. Dicho convenio, nunca consultado ni convenido con los trabajadores o su representación, no sólo estableció condicionamientos a la parte suscribiente —la Rectoría— sino también a los empleados universitarios, que nunca fueron parte de ese acuerdo o convenio.

 Y no obstante que cualquier contrato o acuerdo sólo obliga a las partes que lo convienen, en una interpretación abusiva se quiere hacer ahora a los trabajadores responsables de cumplir un aspecto, que por añadidura no se encuentra explícito en el convenio de marras: alargar su periodo de trabajo para alcanzar el retiro y, sobre todo, obligarlos a aportar a un fondo de pensiones que no está claro quién ni cómo administraría.

No debiera hacer falta recordar que los sistemas pensionarios basados en las cuentas individuales (afores en nuestro país) han fracasado en casi todas partes del mundo, ni que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió el 1 de octubre del año recién concluido a que no aumentará la edad de jubilación y a que “en estos años no vamos a afectar a los trabajadores en nada, y sí tenemos que buscar antes un mecanismo de reestructuración de pensiones para bajar el costo financiero, para que tengan una pensión digna, como se lo merecen”.

 A mayor abundamiento, apenas el pasado 3 de enero el presidente anunció que la Secretaría de Hacienda revisará el funcionamiento del sistema de retiro y garantizará que los trabajadores reciban lo justo para su retiro.

El convenio signado por Serna en 2018 resulta también nulo. No fue aprobado por el Consejo Universitario conforme lo establece la fracción XVIII del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana.

 Pero además, la reciente reforma al articulo 3° constitucional y sus transitorios debieron dar por anulado cualquier acuerdo que condicionara el subsidio a la universidad.

 En el Décimo Quinto transitorio de esa reforma del 15 de mayo de 2019 se prevé el establecimiento de “un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura”.

El convenio del 21 de diciembre está sirviendo, no obstante, para que la Rectoría y el gobierno aureolista justifiquen que el supuesto condicionamiento del pago de salarios proviene del gobierno federal.

Este último no ha expresado estar en esa actitud violatoria de todos los derechos laborales. Son el rector Cárdenas Navarro y el gobierno de Michoacán los que, con la retención de las percepciones de los trabajadores, se han colocado al margen de le ley.

 UMSNH (Foto: Especial) A los trabajadores académicos se les adeuda aún el 75 por ciento del aguinaldo, lo que sumado a anteriores rezagos y escamoteos en otras prestaciones económicas y en promociones ha llevado a las asambleas seccionales del SPUM a estallar la huelga desde el 17 de enero.

Pero ésta, en una nueva ilegalidad contra los trabajadores, esta vez por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, fue declarada con la inexistente figura jurídica de “puertas abiertas”, violentando el sentido y la legalidad de la huelga misma como suspensión total de las actividades laborales en el centro de trabajo.

 Prejuzgando —pues no se sabe que ningún estudiante lo haya solicitado— y extralimitando sus funciones como funcionario del gobierno, el presidente de la Junta, Hill Arturo del Río Ramírez lo ha hecho una vez más.

Cuál si fuera un juez o el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, planteó una absurda e igualmente inexistente “colisión” entre el derecho de huelga y el derecho a la educación, donde este último es el que ha de prevalecer.

 ¿De dónde saca este torpe y cínico funcionario que existe en la legislación mexicana el concepto de “colisión de derechos”? En vez de ceñirse a su obligación de aplicar la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos, se ha erigido a sí mismo en juez de garantías sin que nadie se lo solicitara.

Se trata, desde luego, de agredir a los trabajadores por todos los flancos para infligirles una histórica derrota que conduzca a legitimar una reforma al sistema jubilatorio que escasamente cuenta con un 12 o 13 por ciento de aprobación entre la base de los profesores.

 El comité ejecutivo académico de Ávila Rojas ha hecho, sumisamente, su parte. El 9 de octubre pasado, en ausencia de una declaratoria legal de quorum al XXXVII Congreso General de Representantes del sindicato, instaló una simulación de congreso con un puñado de delegados.

¿El propósito? Supuestamente remover los acuerdos de los congresos anteriores que impiden siquiera entrar a negociar con la parte patronal el tema de la jubilación.

 A esa simulación, de la que el rector Cárdenas y el gobernador Aureoles están debidamente enterados, pero a la que decidieron sumarse, han seguido otras aberraciones.

 El falso congreso de representantes supuestamente aplicó sanciones de “inhabilitación por un año” a al menos 23 delegados reconocidos como opositores a la reforma antijubilatoria.

Sin proceso alguno y sin intervención de las comisiones autónomas de Vigilancia y de Honor y Justicia, encargadas de procesar las faltas al Estatuto y las posibles sanciones, y por la mera decisión de un sátrapa e incapaz de debatir o dialogar secretario general, lo que se busca es excluir y negar a los opositores durante el proceso de entrega de las cláusulas 131, 132 y 136 del contrato colectivo a las autoridades.

 Y en un nuevo acto de prestidigitación, el comité avilista transformó lo que era una consulta de opiniones y observaciones a propósito de la propuesta del Rector en una ¡votación aprobatoria! de la misma, con la cual se apresuró a comprometer ante la Junta Local de Conciliación la reforma al gusto de la parte patronal. Así las cosas.

Pero es a los empleados agrupados en el SUEUM a quienes ha ido peor. Retenidos sus salarios de la primera y segunda quincenas de diciembre, el aguinaldo y la prima vacacional, se los somete a presión por hambre para que admitan la modificación anticipada de su contrato colectivo de trabajo en la imposición del modelo neoliberal de jubilación que Cárdenas Navarro pretende.

Sus protestas son criminalizadas y se les amenaza con rescisiones de contrato y hasta denuncias penales.

 ¿Cómo volver a hablar del humanismo de don Vasco, del liberalismo de Ocampo, del espíritu libertario de Hidalgo y Morelos, si prevalecen en la universidad la represión, el autoritarismo, el chantaje por hambre, la prevaricación? Pero el asunto no queda ahí.

Enfrentan también los empleados una fuerte ofensiva conducida inescrupulosa y descaradamente por los funcionarios de la universidad para que se afilien al nuevo sindicato creado y prohijado desde la administración universitaria, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana, Stumich.

Sin pudor alguno las autoridades niegan salarios ya devengados a quienes se mantengan dentro del SUEUM, pero ofrecen pagarlos a quienes pasen a una organización minoritaria que ya “comprometió” aceptar la reforma a jubilaciones, aun sin ser titular del contrato colectivo ni tener capacidad de firma al respecto.

Algunos trabajadores, apremiados por la necesidad, han decidido ceder y desafiliarse de su sindicato de origen para pasar al engendro patronal, pero una gran mayoría se mantiene en resistencia, sin salarios, pero convencidos de la perversidad de la acción de las autoridades.

Se vive en la Universidad Michoacana y en sus sindicatos una situación sin precedente de encono y agresión.

¿A qué patrón se le permite retener los salarios de sus trabajadores y condicionarlos a acciones políticas sin que autoridad alguna le marque el alto? ¿Cómo se le permite hacer ostentación pública de su actuar delictivo? ¿Por qué puede, con cinismo y prepotencia intervenir en la vida sindical induciendo a sus trabajadores a migrar hacia la nueva organización de corte charril o propatronal? El intento de las diversas autoridades de hacer el cambio del sistema de jubilaciones está teniendo un alto costo en sufrimiento, división de la comunidad, represión, encono, posible corrupción y degradación moral de sus autoridades y de los dirigentes académicos.

Es hora de parar el despeñadero al que se lleva a la llamada Casa de Hidalgo; y sólo los trabajadores con sus acciones, en conjunto con estudiantes y la sociedad michoacana, podrán hacerlo.