Víctor Ballinas

El titular de la Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ernesto Molina Chávez, subrayó que los cambios en el decreto misceláneo son la simplificación administrativa, seguridad jurídica y la modernización, para reconocer a la tecnología como parte importante de la gestión de servicios hacia todos los contribuyentes.

Al participar en el segundo foro virtual que organizó la Comisión de Hacienda del Senado para analizar el paquete económico 2021, ante legisladores y organizaciones empresariales de distintos sectores de la economía, el funcionario sostuvo que también se pretende fomentar el cumplimiento voluntario y correcto de obligaciones fiscales, la eficiencia recaudatoria y el combate a la corrupción e impunidad.

Al detallar las modificaciones a la miscelánea, precisó que en la Ley del Impuesto Sobre la Renta se perfeccionan las donatarias autorizadas, con el objetivo de asegurar que los recursos que se obtienen por estas actividades se destinen al objeto social para el que han sido autorizadas.

Molina Chávez aseguró que en la Ley del Impuesto al Valor Agregado se hacen precisiones respecto de la reforma de plataformas digitales, para obtener la recaudación correspondiente por actos que se realicen a través de estos medios. Además, se especifican supuestos pendientes o que no estaban claros y se hacen precisiones para los servicios de salud exentos.

Respecto de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), explicó que se prevé asegurar una recaudación frente a la volatilidad de precios de combustibles, ante posibles escenarios que eviten efectos inflacionarios, para que el Estado no pierda recursos y pueda cumplir con sus compromisos de gasto.

Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en su oportunidad, pidió al Congreso una deducción inmediata temporal, para hacer frente a los estragos ocasionados por la pandemia, como sucedió en otras épocas de emergencia, como en el terremoto de 1985.

Nora Morales y Ricardo Cervantes, integrantes de la Comisión Fiscal del CCE, cuestionaron las modificaciones a medidas como la cláusula general antiabuso, aseguramiento precautorio y acuerdos conclusivos, y solicitaron que en el uso de herramientas tecnológicas se garantice la protección a la información confidencial de los contribuyentes.

En el caso de las adecuaciones propuestas al aseguramiento precautorio, Morales advirtió que éstas son inconstitucionales, pues se pretende aplicar a terceros relacionados con algún contribuyente, por lo que su patrimonio puede verse afectado.