Aldo Anfossi

Santiago. Lo que parecía escrito en piedra, el dogmatismo ideológico y la inflexibilidad en torno al modelo privado de pensiones chileno, comenzó a derrumbarse antenoche, cuando la Cámara de Diputados aprobó que hasta 10 por ciento de los fondos puedan ser retirados por los trabajadores para paliar las secuelas económicas que va dejando la pandemia.

Es apenas un inicio, porque el proyecto debe aún ser votado en particular por los propios diputados y después pasar por el Senado. Además, podría ser declarado inconstitucional por la sala respectiva o bien vetado por el gobierno de Sebastián Piñera, que lo rechaza por completo.

La histórica decisión, impulsada en bloque por la oposición, requería el voto favorable de tres cuartas partes de los diputados; es decir, necesariamente parlamentarios gubernamentales debían apoyar la iniciativa. Trece lo hicieron para sumar un total de 95 votos, en tanto que 25 votaron en contra y 31 se abstuvieron.

El resultado terminó por arrojar al gobierno a una crisis mayor, no sólo porque fracasó la intensa presión que ejerció sobre su sector, sino porque la autoridad presidencial, seriamente deteriorada ante los ciudadanos y con niveles de aprobación de entre 13 y 20 por ciento, ahora ni siquiera es respetada por sus legisladores. Además, en la coalición oficialista Chile Vamos, el desenlace profundizó una pugna que data desde hace semanas.

Se trata de una reforma que toca el corazón del modelo neoliberal: el sistema fue establecido en 1980 en plena dictadura de Augusto Pinochet y concebido para financiar gratuitamente, y en sustitución del sistema bancario, las necesidades de capitalización de los grupos económicos, por entonces quebrados, porque las cotizaciones previsionales serían colocadas en acciones y bonos de las grandes corporaciones.

Desde entonces, las administradoras de fondos de pensiones (AFP), empresas privadas con fines de lucro a cargo de los ahorros y por cuyo manejo cobran una comisión en torno a 2 por ciento mensual, han acumulado 220 mil millones de dólares que manejan casi a su antojo. Esos fondos provienen de 10 por ciento de la remuneración mensual del trabajador, sin contribución del empleador.

La privatización de las jubilaciones fue promocionada bajo la promesa de que reportaría pensiones equivalentes a 60 por ciento de los últimos salarios de los ahorrantes, un proyecto absolutamente fallido. Estadísticas recientes de la Fundación SOL, un centro de investigación y acción que busca generar conocimiento crítico y acciones para potenciar las luchas sociales y sindicales, muestran que la pensión promedio mensual autofinanciada está en torno a los 180 dólares y que la tasa de remplazo es de 40 por ciento para los hombres y 18 por ciento para la mujeres.

En cambio, los dueños de las AFP han ganado más de 5 mil millones de dólares, porque la comisión mensual que cobran no depende de los resultados. Sólo han tenido dos episodios de pérdidas, al comienzo, debido a la puesta en marcha (1981, 1982 y 1983) y en la crisis financiera internacional de 2008, dice la Fundación SOL.

Eugenio Rivera, director del área económica de la Fundación Chile 21, dice que la decisión de los parlamentarios, además de responder a las carencias de los sectores medios de la población, es un cuestionamiento muy profundo al sistema de AFP, que es considerado tan ilegítimo como para enviar un mensaje de que debe ser cambiado en el próximo proceso constituyente que habrá en Chile.

Rivera dice que la principal expresión del fracaso del sistema de capitalización individual es su baja legitimidad, porque cerca de 80 por ciento de los ciudadanos lo rechaza, además que las pensiones autofinanciadas son bajísimas, con un promedio de 33 por ciento del último salario.

Según el economista, Chile debe ir a un sistema de reparto solidario que considere una distribución intergeneracional, con un registro individual de los aportes que pudieran obtener cierta rentabilidad otorgada por el Estado a partir de elementos como el crecimiento de la economía reflejado en las cuentas nacionales.