Juan Carlos Miranda
El asesor juridico de Infraiber, Paulo Díez, señaló en conferencia de prensa que es perseguido por revelar irregularidades cometidas por la empresa española OHL.
La acusación penal de OHL contra el abogado de Infraiber, Paulo Díez Gargari, en la que lo acusa de difundir información falsa, forma parte de una nueva etapa de la persecución de Estado contra el litigante, quien denunció presuntos actos de corrupción en concesiones carreteras al consorcio español.
Así lo denunció Díez Gargari, quien ayer presentó en conferencia de prensa la primera parte de su defensa mediante un escrito entregado el viernes pasado a la Procuraduría General de la República.
De enero de 2015 a la fecha, Infraiber ha publicado 19 comunicados de prensa en varios periódicos nacionales para denunciar irregularidades cometidas por OHL, entre ellas no revelar el monto del capital de riesgo que invirtió en el Circuito Exterior Mexiquense y la inversión pendiente de recuperar con cargo al proyecto, incluyendo el rendimiento.
En el documento, el asesor jurídico de Infraiber explica que dicha información es de evidente interés público, pues tanto el plazo de la concesión como la tarifa que pagan los usuarios se determinan en función de dicha inversión.
En febrero de 2014, Infraiber demandó la terminación anticipada de la concesión del Circuito Exterior Mexiquense, con el argumento de que OHL ya había recuperado la totalidad de su inversión, pero en lugar de acreditar en el juicio la existencia de alguna inversión de OHL pendiente de recuperar, de manera coordinada el gobierno del estado de México y la empresa trataron de impedir que se analizara a fondo el asunto, indica el documento.
Díez Gargari recordó que en el momento en el que el concesionario recupera su inversión y el rendimiento correspondiente, la concesión debe terminar y los bienes deben revertirse al Estado sin costo alguno y libres de gravamen.
Señaló que la demanda de OHL, que lo acusa de difundir información falsa que afectó a la empresa y a sus inversionistas, vulnera ordenamientos que garantizan la libertad de expresión en el país, como la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
La manifestación más visible y vergonzosa de esta persecución de Estado en mi contra es la siembra de un arma de fuego en mi coche por agentes del propio Estado mexicano y mi detención ilegal el 7 de septiembre de 2015, indica el texto.
El abogado también presentó una carta enviada el lunes a Andrés Manuel López Obrador, en la que recuerda al presidente electo que durante su campaña aseguró que OHL es una empresa corrupta y le pide que ésta responda por la corrupción de los pasados 16 años, devuelva lo que obtuvo ilegalmente y deje de beneficiarse de la corrupción de antaño. Adelantó que en los próximos días presentará pruebas de la veracidad de la información que ha divulgado.
