Ap, Pl, Afp, Dpa, Xinhua y Reuters

Catorce personas, entre ellas un ministro, dirigentes políticos y empresarios, además de varios ex funcionarios, fueron detenidas ayer en República Dominicana por el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht entre 2001 y 2014, informó la procuraduría.

Los cargos son por corrupción y lavado de dinero, entre otros. Las capturas se realizaron en las primeras horas, en allanamientos simultáneos. Éstas incluyen al actual ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás.

Tres legisladores involucrados en el expediente no pueden ser arrestados por gozar de inmunidad parlamentaria. El procurador general, Jean Alain Rodríguez, anunció que solicitará prisión preventiva contra los acusados –18 meses– y pedirá al Congreso que retire la inmunidad a los legisladores implicados.

Junto con el ministro Montás fue aprehendido Víctor Díaz Rúa, ex titular de Obras Públicas, del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado y secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana. Durante su gestión participó en la negociación de varios contratos con Odebrecht.

Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno, también fue arrestado. Durante cinco años fue presidente del Senado, cuando el Congreso aprobó los primeros contratos a dicha compañía brasileña.

Otros detenidos son dos ex directores del órgano regulador de electricidad, así como el empresario Ángel Rondón, quien desde 2001 era representante comercial de Odebrecht en este país.

El procurador explicó que Rondón fue la persona a través de la cual se concretaron dichos sobornos.

Ejecutivos de Odebrecht revelaron a autoridades de Brasil y Estados Unidos que desde 2001 pagaron 788 millones de dólares a funcionarios de 10 países de América Latina y dos de África para conseguir contratos millonarios.

Los 92 millones de dólares en cohecho distribuidos en República Dominicana sólo fueron superados por los entregados en Venezuela y Brasil, según datos difundidos en diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Odebrecht trasladó en 2014 a Santo Domingo la oficina desde la cual gestionaba los pagos ilegales.

Las capturas, ordenadas por el juez de instrucción Francisco Ortega, ocurren dos semanas después de que la Procuraduría General recibiera, como parte de un acuerdo con Odebrecht y las autoridades brasileñas, la investigación realizada en Brasil, con copias de los interrogatorios a decenas de ejecutivos de la firma y otras pruebas.

Mediante el acuerdo, la procuraduría renunció a procesar judicialmente a Odebrecht y a sus ejecutivos, a cambio de información que permitiera llevar ante los tribunales a funcionarios locales que recibieron sobornos.