José Antonio Román
Ante la insuficiencia de resultados en las investigaciones de homicidios y agresiones contra periodistas y medios de comunicación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a revisar la política pública de protección a los comunicadores.
Sin embargo, advirtió que esta urgencia de atender esos problemas no debe llevar a la precipitación o a oportunismos que generen soluciones parciales e inadecuadas.
‘‘Toda política pública o acción que se genere, si aspira a ser efectiva, debe tomar en consideración la opinión de las víctimas y de los propios periodistas y defensores de derechos humanos, quienes requieren mucho más que medidas paliativas mediante declaraciones formales o estructuras burocráticas inoperantes’’, señaló el organismo nacional.
Además, la CNDH expresó su reconocimiento por las convocatorias que desde el ámbito de los propios periodistas, comunicadores, sociedad civil y academia se han formulado para participar en espacios de reflexión y análisis, donde de manera plural, amplia e informada buscan elaborar propuestas para propiciar un entorno más seguro y adecuado para el ejercicio periodístico que incida en la vigencia de los derechos humanos vinculados al mismo.
En este sentido, el organismo nacional manifestó su voluntad y compromiso para apoyar la realización de estos trabajos, así como acompañar y dar seguimiento a las propuestas y acuerdos que surjan de los mismos, reiterando su determinación de no permitir que los casos de las y los periodistas víctimas de homicidio queden en la impunidad, lo que es indispensable para prevenir la violencia en su contra.
De igual manera informó que apoya la convocatoria emitida por Agenda De Periodistas (agendadeperiodistas.mx), en la que están inscritos cerca de medio millar de reporteros y comunicadores para las mesas de discusión que se llevarán al cabo del 14 al 16 de junio en Ciudad de México, en el Palacio Postal, con los temas: riesgo, atención en casos críticos y respuestas inmediatas; alternativas para combatir la impunidad; organizaciones sociales y vías para fortalecerlas; solidaridad gremial y derechos laborales; reacciones de seguridad pública, y el significado social de las agresiones contra periodistas.
Consideró que la violencia contra periodistas es una forma de censura y un desafío para la justicia que la sociedad reclama, de ahí la necesidad de que se articulen y coordinen esfuerzos y capacidades para su abatimiento pero, sobre todo, para su prevención con eficiencia, pertinencia y dignidad.
